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Tensión y desacuerdos en el Gobierno por el escudo social: Mónica García y Bolaños divergen sobre vivienda

La ministra de Sanidad confirma que el decreto para mitigar el impacto de la guerra en Irán incluirá medidas sobre alquiler, aunque el ministro de Justicia muestra reservas: «No está tan claro».

Este miércoles, frente al Congreso de los Diputados, se reflejaron las discrepancias dentro de la coalición de Gobierno respecto al próximo Consejo de Ministros extraordinario. Lo que se esperaba fuera una comparecencia rutinaria se transformó en un indicativo de las negociaciones entre el PSOE y Sumar para implementar un nuevo paquete que responda a la crisis energética y económica derivada del conflicto en Irán.

El respaldo firme de Sumar

Al ser consultada sobre si el decreto que se aprobará el viernes incorporará las demandas de Sumar en materia de vivienda y protección a los inquilinos, Mónica García, titular de Sanidad, respondió con seguridad: “Sí, seguro”.

Con esta declaración, García, representante del sector Sumar, dio por sentado que el PSOE accedió a extender o renovar las medidas para controlar los precios del alquiler dentro del nuevo escudo social.

Respuesta de Bolaños: Con precaución y algunas sonrisas

Sin embargo, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, matizó la afirmación poco después. Con una sonrisa, se dirigió a su compañera para matizar:

“No está tan claro”, aseguró Bolaños, dejando claro que aún no hay un pacto definitivo.

Aunque la situación aparentaba ligereza, Bolaños quiso atenuar las diferencias al señalar que, si bien no hay garantías, los equipos de trabajo “continuarán negociando” en las 48 horas previas a la reunión extraordinaria del Ejecutivo.

Medidas urgentes frente a la crisis derivada de Irán

El Gobierno planea aprobar este viernes una serie de acciones urgentes para hacer frente al aumento de precios y la incertidumbre internacional causada por la guerra en Irán. Mientras el PSOE apuesta por priorizar intervenciones en el ámbito energético y fiscal, Sumar sostiene que el «escudo social» quedará incompleto si no se regula el mercado de la vivienda para proteger a los colectivos más desfavorecidos.

Este episodio pone de manifiesto la compleja negociación que tiene lugar en Moncloa bajo presión de tiempo, donde cada palabra y gesto tiene su importancia hasta la firma final del decreto.

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