El año 2025 ha representado un periodo complejo para la política española, caracterizado por numerosos casos de corrupción, acusaciones de acoso y una intensa actividad judicial que ha generado serias dificultades internas para el Gobierno. Los diversos escándalos han puesto en cuestión la estabilidad de la legislatura, aumentando la presión tanto desde la oposición como desde los socios en la coalición.
Destaca la condena contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien fue sancionado con dos años de inhabilitación y una multa por la divulgación de secretos durante una investigación relacionada con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Este caso ha provocado un debate profundo acerca de la independencia judicial y la influencia política en la Fiscalía.
Como consecuencia, la institución se vio afectada y García Ortiz decidió renunciar. En su lugar fue designada Teresa Peramato, reconocida por su trayectoria en temas de violencia de género y respaldada por el Poder Judicial, lo que representa un nuevo rumbo para la Fiscalía.
Otro foco de atención ha sido la investigación sobre el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor Koldo García. Estos, junto a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, están siendo investigados por la justicia debido a posibles irregularidades en el cobro de comisiones relacionadas con contratos públicos.
Informes de la UCO revelaron que este grupo gestionó adjudicaciones en obras públicas, lo que llevó a varias detenciones, incluyendo la de Cerdán. Estas revelaciones han sacado a la luz una serie de prácticas de soborno y corrupción en la administración de recursos públicos, evidenciando la seriedad del problema.
El PSOE también enfrenta más casos de corrupción, como el de Begoña Gómez, que deberá afrontar un juicio próximamente. Las pesquisas se han extendido a otros dirigentes políticos, ofreciendo un panorama amplio de corrupción que afecta a diversos partidos. Figuras como el exministro Cristóbal Montoro también han sido señaladas por presuntas irregularidades en su gestión.
Además, las denuncias de acoso han cobrado relevancia en el ámbito político. A pesar de los cambios internos en el PSOE, se han presentado quejas por acoso sexual de trabajadoras contra un asesor cercano a Moncloa, demostrando que el movimiento ‘Me Too’ ha tenido impacto en este entorno. La demanda de respuestas efectivas crece, generando un clima de tensión interna.
La legislatura atraviesa una etapa crítica, donde cada nuevo escándalo aumenta las dudas sobre la capacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para mantener su posición. La relación con sus socios de investidura se ha deteriorado y cada decisión busca aliviar la presión acumulada. Sin embargo, podría ser necesaria una reforma importante para conservar el mando.
Por otro lado, la interacción con partidos de oposición como el PP y Vox se ha mantenido tensa, especialmente ante la proximidad de elecciones anticipadas en varias comunidades. La competencia entre estas fuerzas políticas señala un esfuerzo constante por desalojar al Ejecutivo actual. Los próximos meses serán decisivos para definir si el Gobierno logrará superar los obstáculos presentes.
