La situación diaria en Venezuela afecta a ciudadanos de todas las edades. Samantha Sofía Hernández, una joven de 16 años que cursa 5º de Bachillerato, fue detenida de forma violenta en la residencia de sus abuelos en Caracas por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Desde enero, su padre se encuentra desaparecido, presuntamente bajo custodia del régimen, al igual que su hija.
Según denuncias públicas de Ámbar Castillo, madre de Samantha, la detención obedeció a su relación familiar con el teniente Cristhian Hernández, un militar exiliado y crítico del gobierno. Castillo explicó que su hija fue retenida sin presentar orden de arresto ni de allanamiento y responsabilizó a las autoridades por las consecuencias físicas y emocionales sufridas, solicitando ayuda a organismos internacionales.
Diosdado Cabello, número dos del oficialismo, ha sido señalado por grupos opositores y defensores de derechos humanos como responsable de organizar represalias contra familiares de militares disidentes, tanto en Venezuela como en el extranjero. Esta práctica, conocida como sippenhaft, recuerda las acciones nazis contra familiares de opositores y ha sido documentada en informes de la ONU con testimonios de torturas y violaciones en detenciones clandestinas.
El terrorismo de Estado también afecta a personas de edad avanzada. Marggie Orozco, médica de 65 años, fue condenada a 30 años de prisión por expresar su preocupación sobre la falta de medicinas y las condiciones sanitarias. Asimismo, Meryl Torres de Sequea, de 71 años, desapareció hace dos meses tras acudir a una farmacia con su sobrina, mientras que su hijo está detenido en aislamiento extremo en la prisión del Rodeo 1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido medidas cautelares para su protección.
Otro caso relevante es el de María Auxiliadora Delgado Tabosky, encarcelada desde 2019 debido a su parentesco con un militar rebelde. La jueza encargada de su condena reconoció que la prisión fue determinada por una “vinculación consanguínea”.
Rafael Uzcátegui, director del Laboratorio de Paz, declaró que encarcelar a familiares constituye una medida cruel destinada a castigar a inocentes y desalentar la resistencia. El mensaje es que nadie está protegido frente a tales acciones.
La persecución política en Venezuela, que alcanza a menores y ancianos, refleja un terrorismo de Estado sistemático que viola la ley y los derechos humanos fundamentales.
