El Ministerio de Transportes, encabezado por Óscar Puente, adjudicó 2,2 millones de euros provenientes de fondos europeos a empresas vinculadas con la presunta red de corrupción que investiga la Guardia Civil. De acuerdo con El Confidencial, las firmas Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), relacionadas con Santos Cerdán, José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García, recibieron contratos públicos durante esta legislatura.
Destaca una adjudicación realizada el 14 de enero, cuando la Dirección General de Carreteras, dependiente de Transportes, concedió a una unión temporal de empresas integrada por Grulop 21 y OPR un contrato superior a dos millones de euros para la construcción de una pasarela peatonal en la GR-30 (Granada). Esta iniciativa forma parte del Plan de Recuperación financiado con fondos Next Generation. Aunque la propuesta técnica de la competidora Vilor Infraestructuras fue mejor valorada, fue la oferta económica de la UTE lo que determinó la adjudicación.
Lo relevante en este caso es que, para ese momento, el Tribunal Supremo ya contaba con documentación proporcionada por el comisionista Víctor de Aldama que asociaba a OPR con el cobro de comisiones ilegales a cambio de contratos. Sin embargo, el ministro Puente restó importancia a esta información, describiéndola como “un papeluco”. Posteriormente, la Unidad Central Operativa (UCO) corroboró gran parte de esas denuncias en su investigación.
Otra ampliación contractal cuestionada fue la de casi 290.000 euros a un acuerdo ya concedido a Levantina Ingeniería y Construcción, en conjunto con Diez y Compañía, destinada a reducir el ruido en la autovía A-42 a su paso por Getafe. La modificación, aprobada el 19 de diciembre de 2024, elevó el presupuesto total a cerca de dos millones de euros, también financiados con fondos europeos.
Las conexiones entre estas compañías y los principales investigados son variadas. OPR, dirigida por los hermanos Daniel y Antonio Fernández Menéndez, mantenía vínculos directos con Koldo García desde al menos 2018. Comunicaciones intervenidas indican que Daniel Fernández solicitó su intermediación para la obtención de contratos y facilitó la contratación de la esposa de Koldo en una empresa, sin que esta tuviera que realizar labores en el puesto.
Una tercera obra bajo sospecha, valorada en 7,3 millones y adjudicada en Asturias, despertó entusiasmo entre los implicados. En un chat interno, la entonces subdirectora general de Construcción, Camino Arce, escribió: “Parece que hemos hecho bingo en Asturias”. Actualmente, Arce trabaja en la empresa pública SEITT.
Levantina Ingeniería y Construcción, por su parte, aparece repetidamente en los informes de la UCO y en los documentos entregados por Aldama al Supremo. Su propietario, José Ruz, mantenía contacto directo con Ábalos y Koldo, a quienes supuestamente pagaba 1.100 euros mensuales. Según las investigaciones, la empresa consiguió contratos por 128 millones de euros durante el mandato de Ábalos, incluida una adjudicación relacionada con el Club de Natación de Sevilla, por la que Aldama habría recibido comisión. Además, LIC figura entre los adjudicatarios del Gobierno canario presidido por Ángel Víctor Torres.
La investigación permanece abierta y podría extender su alcance en la administración central, mientras el foco de la UCO se dirige ahora hacia el periodo en que Óscar Puente estuvo al frente de Transportes.
