El Ministerio de Transportes, bajo la dirección de Óscar Puente, otorgó contratos por un valor de 2,2 millones de euros con fondos europeos a empresas asociadas a la investigación de una supuesta red de corrupción por parte de la Guardia Civil. Según reportó El Confidencial, las firmas Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), vinculadas a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García, fueron beneficiadas con adjudicaciones durante la presente legislatura.
Una de las concesiones más significativas se realizó el 14 de enero, cuando la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Transportes, asignó a una unión temporal de empresas formada por Grulop 21 y OPR un contrato superior a dos millones de euros para edificar una pasarela peatonal en la GR-30 (Granada), dentro del Plan de Recuperación financiado con fondos Next Generation. Aunque tecnológicamente la propuesta de la competidora Vilor Infraestructuras era mejor, la decisión se basó en el valor económico de la UTE.
Lo llamativo del caso es que para entonces ya existían en el Tribunal Supremo documentos presentados por el comisionista Víctor de Aldama que relacionaban a OPR con el cobro de comisiones ilícitas a cambio de contratos públicos. Sin embargo, el ministro Puente restó importancia a esta información, calificándola como «un papeluco». Más tarde, la Unidad Central Operativa (UCO) corroboró gran parte de esas imputaciones en su investigación.
Otro contrato controvertido fue la ampliación de cerca de 290.000 euros de un acuerdo previamente otorgado a Levantina Ingeniería y Construcción, en colaboración con Diez y Compañía, para reducir el ruido en la autovía A-42 en Getafe. Esta modificación, aprobada el 19 de diciembre de 2024, elevó el presupuesto global a casi dos millones de euros, igualmente financiados con fondos europeos.
Las conexiones entre estas compañías y los principales investigados son variadas. OPR, dirigida por los hermanos Daniel y Antonio Fernández Menéndez, mantenía vínculos directos con Koldo García desde al menos 2018. Grabaciones intervenidas muestran que Daniel Fernández solicitó a Koldo su intermediación para obtener contratos, además de facilitar la contratación de la esposa de este en una empresa sin que tuviera que asistir a sus labores habituales.
Un tercer proyecto bajo sospecha, valorado en 7,3 millones y adjudicado en Asturias, generó entusiasmo entre los involucrados. En un chat interno, la entonces subdirectora general de Construcción, Camino Arce, comentó: “Parece que hemos hecho bingo en Asturias”. Actualmente, Arce trabaja en la empresa pública SEITT.
Levantina Ingeniería y Construcción también aparece frecuentemente en los informes de la UCO y en la documentación presentada por Aldama al Supremo. Su propietario, José Ruz, tenía contacto directo con Ábalos y Koldo, a quien supuestamente pagaba 1.100 euros mensuales. Según las investigaciones, la empresa obtuvo contratos por 128 millones durante el mandato de Ábalos, incluyendo uno vinculado al Club de Natación de Sevilla, por el cual Aldama habría recibido una comisión. LIC fue igualmente adjudicataria de proyectos por parte del Gobierno canario, liderado por Ángel Víctor Torres.
La investigación sigue abierta y podría extender su alcance dentro de la administración central, mientras la UCO enfoca su atención en el periodo en que Óscar Puente estuvo al frente del Ministerio de Transportes.
