El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este sábado una orden ejecutiva destinada a proteger los ingresos obtenidos por la venta de petróleo venezolano que están depositados en cuentas del Tesoro estadounidense. Esta medida busca prevenir embargos o acciones legales que pudieran comprometer los intereses estratégicos de Washington. Trump calificó esta situación como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de su país, y en consecuencia declaró una emergencia nacional para afrontarla.
Un comunicado oficial de la Casa Blanca explicó que la orden tiene como propósito evitar que tribunales o acreedores bloqueen o embarguen los ingresos petroleros venezolanos custodiados en cuentas gubernamentales del Tesoro de Estados Unidos. Estos fondos provienen de la venta de crudo y están bajo la supervisión de Washington con fines diplomáticos y gubernamentales, pero sin una protección legal adecuada estarían expuestos a reclamaciones externas.
El documento señala que autorizar embargos, sentencias o cualquier tipo de gravámenes sobre estas cuentas representa una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense. Por ello, queda prohibida la ejecución o reconocimiento de estos embargos sobre dichos fondos. La orden invoca las facultades conferidas por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 y la Ley de Emergencias Nacionales de 1976, que facultan al presidente a adoptar medidas excepcionales frente a amenazas para el país.
Además, la orden establece que el Secretario del Tesoro debe considerar los ingresos petroleros venezolanos como propiedad soberana del gobierno de Venezuela bajo custodia estadounidense —en lugar de propiedad estadounidense— y deberá seguir estrictamente las directrices del Secretario de Estado para cualquier desembolso o transferencia de esos recursos, impidiendo su uso para otros fines.
Esta acción se integra en un contexto más amplio de la Administración Trump respecto a Venezuela: incluye medidas militares dirigidas a capturar al presidente Nicolás Maduro y fortalecer la presencia de Estados Unidos en la región, además de controles sobre la comercialización y gestión del petróleo venezolano. Trump también planea fomentar que importantes compañías petroleras estadounidenses inviertan hasta 100.000 millones de dólares en el sector energético venezolano, garantizando mecanismos de “seguridad total” para tales inversiones y buscando que parte de la producción sea destinada a refinerías en Estados Unidos.
Funcionarios de la Casa Blanca defienden esta protección de los fondos como esencial para asegurar la estabilidad económica y política en Venezuela, así como para apoyar los esfuerzos de Estados Unidos en reducir flujos irregulares de migración y tráfico de drogas desde la región, combatir la influencia de actores considerados adversarios y promover la seguridad hemisférica.
La orden fue firmada mientras Trump estaba en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, como parte de una estrategia que combina presión política, control energético y propuestas de inversión estructural en Venezuela.
Puntos principales de la orden ejecutiva
- Trump declara emergencia nacional para proteger los fondos derivados del petróleo venezolano.
- Se bloquean embargos y procesos legales sobre esos ingresos.
- Los fondos se clasifican como propiedad soberana venezolana bajo custodia de Estados Unidos.
- La medida forma parte de una estrategia más amplia para revitalizar el sector petrolero venezolano mediante inversiones.
- Busca fomentar estabilidad política, frenar la inmigración irregular y el narcotráfico, y contrarrestar influencias adversas en la región.
Esta orden ejecutiva representa un avance relevante en la política estadounidense hacia Venezuela, al proteger legalmente los ingresos petroleros venezolanos depositados en cuentas estadounidenses y rechazar cualquier intento de embargo o reclamación internacional que pudiera debilitar los objetivos de Washington en la región. La declaración de emergencia nacional reafirma el compromiso de la Administración Trump de proteger estos activos clave y orienta la política energética y diplomática de Estados Unidos en un contexto de elevada tensión geopolítica.
