En una reciente conferencia de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó una declaración respecto al futuro político de Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela. Trump afirmó que sería prudente que Maduro considerase abandonar la presidencia, sugiriendo que mantenerse en el cargo podría acarrearle serias complicaciones.
Estas declaraciones ocurrieron en un contexto de creciente tensión entre Washington y Caracas, tras la orden estadounidense de bloquear la entrada y salida de buques petroleros sancionados en aguas venezolanas. Durante la rueda de prensa, Trump fue consultado sobre si su administración busca derrocar a Maduro, a lo que respondió con ambigüedad, señalando que «probablemente sí», aunque puntualizó que la decisión final está en manos del propio Maduro.
La situación se tensó aún más tras el anuncio estadounidense de una «persecución activa» para interceptar un tercer petrolero próximo a las costas venezolanas, dentro de un operativo militar en el Caribe orientado a neutralizar embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico. Washington ha relacionado a Maduro con el denominado Cartel de los Soles, acusación que el gobierno venezolano rechaza de manera firme.
El Ejecutivo venezolano ha negado categóricamente los cargos de narcotráfico. En un comunicado televisado, Maduro calificó las acciones de Estados Unidos como piratería al confiscar dos buques petroleros días atrás. Esta postura refleja la indignación en Caracas ante lo que considera una violación a la soberanía nacional y una provocación de Washington.
En representación del gobierno venezolano, Maduro criticó a Trump por centrar su atención en Venezuela, aconsejando que el mandatario estadounidense debería ocupar sus esfuerzos en solucionar los problemas internos de su país. «Dedica el 70% de sus discursos a Venezuela», señaló Maduro, insistiendo en que un líder no debe intervenir en la gobernanza de otras naciones.
Como respuesta a la escalada de tensiones, el Parlamento venezolano aprobó en primera discusión una ley para proteger las libertades de navegación y comercio de sus buques frente al bloqueo impuesto por Estados Unidos. Esta ley contempla penas de hasta 20 años de prisión para quienes apoyen actos calificados como piratería por el gobierno venezolano, demostrando la preocupación de Caracas ante la intervención estadounidense en su economía.
El diputado Giuseppe Alessandrello, autor de la propuesta, destacó que esta norma se basa en la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar de 1958 y en la Carta de las Naciones Unidas. Su propósito es asegurar la libertad de navegación y comercio, permitiendo a Venezuela defender sus intereses frente a acciones hostiles de Estados Unidos.
La relación entre ambos países continúa siendo compleja y volátil, deteriorándose en los últimos años. Las declaraciones de Trump reflejan un enfoque cada vez más intervencionista de la política exterior estadounidense respecto a Venezuela. A medida que persiste el conflicto, queda claro que Maduro y su gobierno mantendrán su postura, enfrentando la presión externa junto con la crisis interna que vive el país.
