El tribunal rechaza las medidas cautelares solicitadas por Airbnb, que debe pagar la multa o presentar garantías mientras se tramita el recurso principal
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha logrado un avance judicial importante en su lucha contra las irregularidades en el alquiler turístico. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha emitido un auto que desestima las medidas cautelares solicitadas por Airbnb, lo que implica que la multa de 64.055.311 euros impuesta por el ministerio dirigido por Pablo Bustinduy puede hacerse efectiva.
Multa por prácticas comerciales desleales
Los hechos que originaron el proceso datan del verano de 2025, cuando la inspección de Consumo detectó irregularidades en 65.122 anuncios publicados en la plataforma. Estas infracciones, que dieron lugar a la retirada de los anuncios, incluían la falta de licencias obligatorias, la utilización de licencias falsas y una publicidad engañosa en cuanto a la naturaleza jurídica de los anfitriones.
La mayor parte de la sanción, que asciende a 63.980.311 euros, fue calculada por el ministerio como seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb desde la notificación inicial hasta la retirada definitiva de los anuncios. A esta cifra se suman otras sanciones menores relacionadas con obstrucción a la inspección y el incumplimiento de medidas provisionales.
Alternativas de Airbnb tras la resolución
El fallo del TSJ de Madrid exige que la compañía actúe sin demora para evitar un procedimiento de apremio que podría conllevar embargos, recargos e intereses. Aunque Airbnb puede recurrir esta decisión mediante un recurso de reposición ante el mismo tribunal o acudir al Tribunal Supremo, dichos recursos no suspenden automáticamente el pago.
Para proteger su situación financiera mientras se resuelve la cuestión de fondo, Airbnb tiene dos opciones principales:
- Efectuar el pago total de los 64 millones de euros.
- Avalar la sanción mediante la presentación de una garantía bancaria o un seguro de caución por el importe de la multa.
Diferencias con decisiones previas en casos similares
La resolución adoptada por el TSJ madrileño se caracteriza por desviarse del criterio aplicado en situaciones semejantes. En junio de 2025, el tribunal acordó la suspensión cautelar de multas impuestas a aerolíneas como Ryanair (107,7 millones) y Norwegian por cargos relacionados con el equipaje de mano, considerando entonces los posibles efectos negativos para las finanzas de las empresas.
Este esquema de suspensión cautelar ha sido habitual en otras instancias, como la Audiencia Nacional, que el último año paralizó la ejecución de multas millonarias de la CNMC contra compañías como Booking (413 millones), Apple o Amazon. En contraste, el TSJ madrileño ha decidido mantener activa la sanción contra Airbnb, fortaleciendo la posición del regulador en este asunto.
Una vez que el TSJ dicte sentencia sobre el fondo del asunto, se prevé que el proceso continúe en el Tribunal Supremo, siempre que se admita el recurso de casación que presente la parte que pierda en esta instancia.
