El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) anunció este domingo la retirada total de sus combatientes del territorio turco, marcando un avance significativo en el diálogo de paz iniciado con Ankara en febrero pasado. Abdullah Öcalan, líder del grupo encarcelado desde 1999, había llamado previamente a la disolución del PKK tras cuatro décadas de enfrentamientos.
En un comunicado, el PKK informó que «se está ejecutando la retirada de todas nuestras fuerzas ubicadas en Turquía hacia la Zona de Defensa de Medya», haciendo referencia al norte de Irak, lugar donde cuentan con sus bases tradicionales. Durante la ceremonia de anuncio, alrededor de veinte militantes cruzaron simbólicamente la frontera portando sus armas.
Sabri OK, miembro del consejo ejecutivo de la Unión de Comunidades del Kurdistán (KCK), confirmó que esta decisión también incluye a los combatientes presentes en zonas fronterizas iraquíes. Además, el PKK manifestó su esperanza en que el gobierno de Ankara implemente «sin demora» las reformas legales que permitan la reintegración social y política de sus militantes en Turquía.
Este anuncio, con un fuerte peso simbólico pues el PKK ya no mantiene una presencia significativa en suelo turco, refleja avances en un proceso de desarme que se ha desarrollado en gran medida de forma discreta. En las semanas previas, la guerrilla realizó actos simbólicos como la destrucción de armas y un congreso para establecer una hoja de ruta.
Por su parte, el ejecutivo turco ha establecido una comisión parlamentaria con representantes de todos los partidos para impulsar las negociaciones. Ömer Çelik, portavoz del partido en el gobierno, AKP, calificó la retirada del PKK como un paso hacia una «Turquía libre de terrorismo» y resaltó la importancia de continuar con el proceso de desarme y disolución para garantizar los objetivos planteados.
Desde su fundación en 1978, el PKK ha evolucionado de buscar la independencia kurda a reclamar mayores derechos políticos y culturales dentro de Turquía. El conflicto ha provocado la muerte de más de 40.000 personas, entre militantes, fuerzas de seguridad y civiles.
Aunque el gobierno sostiene que se trata únicamente de un desarme, existe especulación sobre la posibilidad de que Ankara permita el regreso a Turquía de militantes sin antecedentes penales graves y su participación en la vida política. También se baraja la liberación de presos políticos de alto perfil y permanece la incertidumbre sobre el futuro de Öcalan, quien podría ser trasladado a arresto domiciliario o incluso a otro país.