El debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica en España vuelve a tomar fuerza tras el anuncio del Gobierno sobre un modelo “común” que, según especialistas y negociadores, beneficiaría de forma notable a Cataluña, al habilitarla para recaudar impuestos propios, incluido el IVA de pequeñas y medianas empresas, elevando sus ingresos por encima de la media nacional.
El plan de reforma fiscal propuesto por el Ministerio de Hacienda y apoyado por los representantes catalanes —ERC y PSC— plantea un esquema mixto de multilateralidad y bilateralidad. Esto implica que, pese a existir un marco general para todas las comunidades autónomas, algunas con competencias específicas como Cataluña podrían acceder a una financiación adicional.
Uno de los aspectos más controvertidos es la modificación en la distribución del IVA generado por las pymes. La propuesta sugiere que, en lugar de asignarse según el consumo, como sucede actualmente, se reparta conforme al domicilio social de las empresas. Además, la cuota que recibirían las comunidades autónomas aumentaría del 50 % al 56,5 %. Considerando que Cataluña agrupa una porción importante de sociedades, se prevé un incremento de ingresos en torno a 1.400 millones de euros anuales.
De acuerdo con las estimaciones de la Generalitat, esta reforma podría aportar entre 3.800 y 5.000 millones de euros adicionales, dependiendo del diseño definitivo del modelo.
Para que el sistema mantenga la equidad para el Estado, sería necesario un presupuesto extra del Gobierno aproximado a 20.000 millones de euros, con el propósito de evitar que otras comunidades sufran recortes en su financiación.
Implicaciones para España y sus comunidades
- Este modelo podría permitir una financiación más adaptada a las características empresariales y competencias específicas de cada autonomía. Sin embargo, también podría suscitar desigualdades significativas entre comunidades, favoreciendo a algunas sobre otras.
- Las regiones con un tejido productivo menos desarrollado o con menor presencia de pymes podrían ver disminuida su relevancia financiera, lo que reavivaría el debate sobre solidaridad territorial y justicia fiscal.
- El coste para el Estado sería considerable: garantizar que ninguna comunidad pierda recursos exigiría inyectar miles de millones adicionales. Esto demanda un consenso nacional y un plan claro para financiar el modelo en conjunto.
¿Equidad territorial o trato asimétrico privilegiado?
La propuesta de un modelo común que otorgue ventajas especiales a Cataluña reabre antiguos debates sobre financiación autonómica, autonomía fiscal y reparto de recursos. Sin una gestión transparente y basada en la solidaridad, existe el riesgo de institucionalizar privilegios desiguales. Todo dependerá del avance en el diseño final y de la capacidad del Estado para asegurar un reparto equilibrado.
