La comunidad de vecinos de Patraix, barrio tradicional de Valencia, lleva más de un año en una firme disputa legal y social. El objetivo es recuperar el control de los bajos comerciales de su inmueble, vendidos sin su aprobación y convertidos en 24 apartamentos turísticos.
Un total de 147 familias se han unido para detener lo que consideran una amenaza directa a la calidad de vida del barrio. Los residentes denuncian que la actividad turística implica un flujo continuo de alrededor de 10.000 personas anuales, lo que ha modificado la convivencia y la tranquilidad del conjunto.
“Esto no es un hotel, es nuestro hogar”, indican algunos afectados, quienes han presentado reclamaciones para esclarecer cómo se llevó a cabo la venta de estos locales, que originalmente formaban parte de la propiedad comunitaria.
Además del impacto en la seguridad y el descanso, temen que el inmueble sufra un deterioro progresivo y que sus viviendas pierdan valor. Algunos vecinos se percataron de la transformación al observar turistas desplazándose con maletas por los pasillos.
Esta situación ha evidenciado un problema creciente en diversas ciudades españolas: la expansión del turismo en áreas residenciales y la carencia de mecanismos legales para limitar usos no autorizados del espacio común.
Mientras los propietarios de los apartamentos turísticos sostienen que cuentan con los permisos correspondientes, los residentes insisten en que la venta fue realizada sin claridad y consideran que existen fundamentos legales para revocar dicha operación.
El proceso legal aún está en marcha y podría establecer un precedente en la regulación de viviendas turísticas en comunidades de vecinos.
