La llegada reciente del destructor estadounidense USS Gravely a aguas cercanas a Trinidad y Tobago ha generado preocupación en el Gobierno venezolano, que acusa a Estados Unidos de planificar un “autoataque” para responsabilizar a Venezuela y justificar una eventual intervención militar.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que se trataría de “una provocación basada en acciones de falsa bandera, con la intención de atacar instalaciones o equipos militares estadounidenses para luego culpar a Venezuela”. Entrelazando con antecedentes históricos, el canciller Yván Gil comparó esta situación con eventos como el hundimiento del USS Maine en 1898 y el incidente en el Golfo de Tonkin en 1964.
El despliegue militar estadounidense en el Caribe sur incluye, además del portaaviones Gerald Ford, siete navíos de guerra, un submarino, unidades de helicópteros de élite, cazas F-35B y drones MQ-9 operando desde Puerto Rico. Según las autoridades venezolanas, esta información fue proporcionada por un grupo de mercenarios asociados a la CIA, cuya misión habría sido autorizada recientemente por el expresidente Donald Trump.
El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, señaló que “la guerra suele estar precedida por campañas de desinformación y manipulación” y aseguró que Venezuela defenderá su soberanía “sin vacilaciones”.
Por otro lado, Caracas amenazó con tomar medidas económicas: Rodríguez comunicó la suspensión de los acuerdos para el suministro de gas a Trinidad y Tobago, acusando a este país de sumarse a “la agenda bélica de Estados Unidos dirigida contra Venezuela y Colombia”.
Esta tensión surge en paralelo a ejercicios militares conjuntos entre marines estadounidenses y tropas de Trinidad y Tobago, que según el gobierno local forman parte de maniobras programadas desde hace meses para combatir redes de narcotráfico. Actualmente, Trinidad y Tobago mantiene un estado de emergencia debido a la inseguridad, tras registrar en 2024 un récord de violencia con 620 homicidios en una población de 1,3 millones.