La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el chavismo, aprobó una nueva ley destinada a proteger las actividades comerciales y marítimas frente a lo que considera actos de «piratería» y bloqueos impuestos por Estados Unidos a embarcaciones petroleras sancionadas.
La legislación establece sanciones que oscilan entre 15 y 20 años de prisión para quienes participen o apoyen estas acciones. Su propósito es resguardar las operaciones económicas del país y también aplica a cualquier entidad que mantenga relaciones comerciales con el gobierno venezolano.
De acuerdo con el artículo 13, «toda persona que promueva, instigue, solicite, invocar, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en actos de piratería, bloqueo u otros ilícitos internacionales» será condenada a una pena significativa. Esto incluye tanto a personas físicas como jurídicas involucradas en operaciones comerciales con Venezuela.
Adicionalmente, las personas condenadas podrían enfrentar la confiscación de sus bienes en virtud de la «Ley de Extinción de Dominio», que permite al Estado apropiarse de propiedades vinculadas a actividades ilícitas.
La ley también hace referencia a «otros delitos internacionales» y surge como respuesta a las recientes sanciones estadounidenses contra el transporte de crudo venezolano. En semanas recientes, la Guardia Costera de EE.UU. ha retenido varios buques que transportaban petróleo del país, aumentando la presión sobre la industria petrolera venezolana.
Estas medidas han afectado gravemente a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), sancionada desde 2019 por el Departamento del Tesoro estadounidense. Las sanciones han limitado la capacidad de la empresa para exportar y operar, provocando una caída en su producción.
El diputado Giuseppe Alessandrello, impulsor de la ley, señaló que el objetivo es «proteger las relaciones comerciales de los venezolanos» y contrarrestar lo que considera medidas agresivas del gobierno estadounidense en el ámbito marítimo. Según él, la ley se fundamenta en la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar de 1958 y en la Carta de las Naciones Unidas.
Recientemente, el entonces presidente estadounidense Donald Trump anunció medidas adicionales para bloquear barcos petroleros sancionados que intenten entrar o salir de Venezuela, intensificando la presión sobre el gobierno de Maduro. Trump afirmó que la comunidad internacional debe hacer más para promover la restauración democrática en Venezuela.
El presidente venezolano ha denunciado estas acciones como un intento de desestabilizar su administración y de apropiarse de los recursos naturales del país, especialmente su petróleo. Por su parte, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ha acusado a sectores de la oposición de colaborar con los intereses estadounidenses.
El clima político en Venezuela continúa siendo tenso, y la promulgación de esta nueva ley podría intensificar la confrontación tanto interna como con Estados Unidos. Asimismo, esta norma podría generar situaciones legales complejas a nivel nacional e internacional.
