El sistema Verifactu, creado para certificar facturas electrónicas y luchar contra el fraude fiscal, enfrenta una pérdida de confianza tras su reciente aplazamiento y reportes de problemas técnicos y falta de preparación. Diversas pequeñas empresas y autónomos denuncian una brecha digital y una gestión improvisada, mientras los plazos se extienden hasta 2027.
*Verifactu —impulsado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) entre las normativas del Real Decreto 1007/2023— busca sustituir la facturación tradicional por un proceso digital que garantice la trazabilidad, integridad y autenticidad de las facturas emitidas por empresas y profesionales.
Sin embargo, lo que debía impulsar la transparencia fiscal ha generado incertidumbre y malestar entre numerosos negocios.
*En primer lugar, respecto a los plazos: la entrada en vigor progresiva prevista para 2026 se ha pospuesto. Las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades deben ahora cumplir a partir de enero de 2027, y los autónomos y microempresas a partir de julio del mismo año.
Esta demora ha suscitado opiniones divididas: algunos sectores consideran que la extensión era imprescindible por falta de preparación, mientras otros la interpretan como una muestra de improvisación administrativa.
Las ‘brechas’ que generan incertidumbre
*Diversos informes indican que una proporción relevante de pymes y autónomos aún no está lista para adaptarse; según cifras recientes, muchos continúan utilizando métodos manuales o carecen de software oficial de facturación.
Para estas entidades, la transición implica adquirir nuevos programas, capacitarse, modificar procesos contables y afrontar costos de implementación. Se critica que no se haya concedido un plazo suficiente ni ayudas adecuadas o comunicación clara.
Además, hay una brecha digital identificada: pequeñas empresas o autónomos con escasos recursos tecnológicos se sienten particularmente afectados. La percepción general es que el sistema se ajusta más a grandes compañías, mientras que los pequeños quedan en desventaja. Así, una norma destinada a combatir el fraude acaba imponiendo cargas extras a quienes menos capacidad tienen para adaptarse.
Transparencia fiscal frente a carga administrativa
Quienes respaldan Verifactu resaltan que promueve la transparencia, previene la economía sumergida, exige facturación ordenada y fiable, y contribuye a modernizar el tejido productivo.
No obstante, para muchas pymes y autónomos, los costes económicos, técnicos y burocráticos superan los beneficios inmediatos. Las sanciones por incumplimiento pueden ser severas, y la falta de claridad sobre su aplicación alimenta la desconfianza.
El aplazamiento: una oportunidad o reflejo de debilidad institucional
Para algunos, la prórroga hasta 2027 representa un margen para adaptarse, planificar y evitar errores. Para otros, implica reconocer que Verifactu no estaba listo, que la AEAT subestimó la complejidad y que el cambio fue precipitado.
*Este aplazamiento ha generado ciertas tensiones internas en la AEAT: técnicos que trabajaron años en el proyecto manifiestan frustración, y quienes confiaban en los plazos originales se sienten perjudicados.
Verifactu requiere un plan realista para no perjudicar al pequeño tejido empresarial
Este sistema tiene una razón de ser válida: modernizar la facturación, combatir el fraude y adaptar España a estándares europeos. Sin embargo, su implementación actual —con retrasos, presión administrativa y exigencias técnicas— puede perjudicar a autónomos y pymes, generar desigualdades y fomentar la desconfianza.
Si no se acompaña de un plan realista, recursos de apoyo, formación accesible y tiempos adecuados, Verifactu será difícil de cumplir y podría desincentivar el emprendimiento, afectando la confianza en las instituciones.
La digitalización de la facturación no debe transformarse en un obstáculo insostenible para quienes disponen de menos recursos.
