Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, fue detenido recientemente junto a Leire Díez por supuestas irregularidades en contratos. Fernández era considerado un colaborador cercano de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Según datos oficiales, su salario bruto anual alcanzaba aproximadamente los 220.000 euros, una de las remuneraciones más elevadas en la entidad pública. A pesar de dimitir en 2019 tras ser imputado en el Caso Aznalcóllar —del que fue absuelto hace pocos días—, su puesto permaneció vacante durante 16 meses.
La detención de Fernández Guerrero por posibles irregularidades en la contratación pública vuelve a centrar la atención en su gestión al frente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y su cercanía con la actual vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Retribución de 220.000 euros y vínculo con Montero
Los registros salariales del organismo público indican que Vicente Fernández Guerrero, que asumió el cargo en junio de 2018, percibía alrededor de 220.000 euros brutos anuales, situándose entre los puestos mejor pagados del sector público. Fue Montero quien lo trasladó a Madrid desde la Junta de Andalucía, donde ella desempeñaba funciones como consejera de Hacienda y él era Interventor General. Esta relación ha sido perfilada por la oposición como un reconocimiento por los servicios realizados.
Renuncia tras la imputación y la plaza vacante durante 16 meses
En octubre de 2019, Fernández Guerrero presentó su dimisión tras ser imputado en el Caso Aznalcóllar por presunto amaño en la adjudicación de la mina.
Pese a esta dimisión, Montero decidió no designar inmediatamente un sucesor, dejando el puesto vacante durante 16 meses —hasta marzo de 2021—, aparentemente con la intención de reservarle el cargo hasta que fuera esclarecida su situación judicial. Esta demora fue criticada por la oposición, que solicitó la comparecencia de la ministra.
Es relevante destacar que la detención de Fernández se produjo apenas una semana después de que la Audiencia Provincial de Sevilla absolviese a él y a otros 15 acusados en este caso, al considerar que las acusaciones carecían de fundamento.
Desfase en el fondo de rescate y cambio en la presidencia
Durante la ausencia de liderazgo efectivo, la SEPI fue la entidad clave para el Gobierno en la creación del Fondo de Rescate de 10.000 millones de euros destinado a empresas afectadas por la crisis del COVID-19. La gestión mostró retrasos significativos: tras ocho meses desde su constitución, únicamente se concedió un préstamo (a Air Europa), una operación que está siendo investigada por el Tribunal Supremo debido a presuntas presiones políticas.
Finalmente, en marzo de 2021, Montero nombró a Belén Gualda como nueva presidenta de la SEPI. Gualda, ingeniera con experiencia en Navantia, cuenta también con vínculos con Montero desde su etapa en la Junta de Andalucía, donde dirigió la Agencia de Obra Pública.
