La Fundación Fernando Buesa junto con el colectivo Covite han requerido formalmente a las autoridades de los territorios vascos y navarros que se detenga cualquier tipo de subvención o apoyo económico a la Korrika. Esta solicitud surge luego de constatar que en la última edición del evento, concluida el pasado domingo, se mostraron 38 imágenes de integrantes de ETA.
Ambas entidades califican la carrera como un «vitrina inapropiada para legitimar el terrorismo», señalando a la organización AEK por permitir que el objetivo original de promover el euskera se desvíe para difundir mensajes respaldando a los presos ligados a la banda terrorista.
Incidentes calificados como «graves»
En su comunicado conjunto, detallan varios acontecimientos de la edición 2026 que consideran especialmente reprochables:
- Entrega del testigo: Critican la transferencia del testigo a exmiembros de ETA como Albino Sáenz, Mikel San Argimiro y Xabier Atristain en San Sebastián.
- Participación de menores: Señalan la imagen de un niño en Pamplona portando el testigo y vistiendo una camiseta con la imagen de Patxi Ruiz (condenado por asesinar a Tomás Caballero), así como la presencia del hijo de Kepa del Hoyo en Bilbao.
- Palabras de clausura: El manifiesto final fue leído por Aitzol Gil de San Vicente, hijo del antiguo dirigente de ETA David Pla.
Para las víctimas, el uso propagandístico de los descendientes de miembros de ETA es una práctica inaceptable desde un punto de vista ético y representa una nueva forma de humillación y de lavado de la imagen del terrorismo.
Observaciones sobre la organización AEK
La Fundación Buesa y Covite refutan el argumento de AEK que atribuye estos hechos a la falta de control. Según indican, la organización ejerce supervisión cuando le conviene, evidenciado por el «veto selectivo» aplicado al sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en esta edición.
«Si no impide la exhibición de imágenes de miembros de ETA, es porque no quiere», afirman los colectivos en su declaración.
Solicitudes a las autoridades
La demanda para que se suspenda la financiación pública está dirigida al Gobierno Vasco, Gobierno de Navarra, diputaciones, parlamentos y ayuntamientos. Las víctimas reclaman que no se otorgue más financiamiento hasta que AEK:
- Emitir una condena explícita y pública sobre cualquier manifestación de apoyo a ETA ocurrida durante la carrera.
- Implementar medidas efectivas que impidan la repetición de estos casos en el futuro.
Finalmente, las organizaciones han aclarado que no cuestionan a las personas que participan «de buena fe» en defensa del euskera, sino que su denuncia va dirigida a quienes combinan la promoción de la lengua con el respaldo a criminales, calificando esta mezcla como «indecorosa y muy ofensiva» para una sociedad democrática.
