El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha informado a las principales plataformas digitales sobre la existencia de 86.275 viviendas turísticas y de temporada que operan de manera irregular, solicitando la retirada obligatoria de sus anuncios. Estos inmuebles solicitaron el registro obligatorio para alquileres de corta duración —vigente desde julio de 2025— pero su solicitud fue anulada por incumplimiento de requisitos legales.
España se ha posicionado como el primer país en la Unión Europea que implementa la normativa comunitaria referente a un registro único para alquileres de corta duración. Este código, emitido por los Registradores de la Propiedad, se comparte con las plataformas a través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio, un sistema que permite verificar datos y detectar irregularidades de forma eficiente.
Desde la activación de este sistema, el Ministerio, el Colegio de Registradores y las plataformas colaboran para erradicar el fraude en los alojamientos temporales, muchos de los cuales se anuncian simultáneamente en varias páginas web.
Del total de 412.253 solicitudes de registro recibidas, el 78% corresponde a alquiler turístico (320.620), mientras que el 22% restante, 91.608 solicitudes, pertenece a alquileres de temporada. La Comunidad de Madrid presenta una particularidad destacada: el 83% de sus solicitudes corresponden a vivienda de temporada.
Madrid, Barcelona y Marbella, principales localidades en denuncias
A nivel municipal, Madrid lidera las solicitudes revocadas con 5.344, seguida de Barcelona (5.005) y Marbella (2.993). También se destacan Sevilla, València, Málaga y Torrevieja entre los municipios con más denegaciones. La provincia de Málaga resalta al concentrar siete municipios entre los veinte con mayor cantidad de solicitudes rechazadas.
Por comunidades autónomas, Andalucía encabeza ampliamente el número de registros anulados, con 21.872, seguida por la Comunitat Valenciana (14.387) y Canarias (13.726). En total, las solicitudes denegadas en España suman 86.275.
Protección del mercado residencial
El Ministerio destaca que el propósito del registro obligatorio es garantizar la función social de la vivienda, controlar la especulación y promover la incorporación de estos inmuebles al mercado de alquiler residencial. Según el MIVAU, el aumento de alojamientos ilegales ha impulsado un incremento excesivo en los precios, la expulsión de residentes y un proceso acelerado de gentrificación y pérdida de la identidad urbana.
Con estas medidas, la cartera dirigida por Isabel Rodríguez refuerza su estrategia para combatir la ilegalidad en el alquiler de corta duración y avanzar hacia un mercado de vivienda más estable y accesible.
