Vox enfrenta un panorama complicado en Castilla y León de cara a las elecciones autonómicas que deben celebrarse antes del 15 de marzo de 2026. Esta región, donde el partido de Santiago Abascal logró por primera vez formar parte del gobierno autonómico en 2022, se presenta ahora como un desafío crucial para evaluar su capacidad de remontada.
El desgaste tras la salida del gobierno regional en el verano de 2024, provocada por diferencias con el PP en materia de política migratoria, se refleja en las encuestas. La última publicada en junio muestra una intención de voto del 13,2%, cuatro puntos por debajo del 17,6% obtenido en las elecciones de hace tres años, cuando Vox se convirtió en un aliado fundamental para que Alfonso Fernández Mañueco gobernara.
La renuncia de Juan García-Gallardo, exvicepresidente regional y líder destacado de Vox en la comunidad, ha generado un vacío en el liderazgo. Aunque el partido enfatiza que lo importante es la «marca» y no el candidato, su ausencia ha reabierto las dudas sobre quién encabezará la lista. Entre las posibles opciones están Carlos Pollán, presidente de las Cortes, y David Hierro, actual portavoz parlamentario, quien ha ganado protagonismo al criticar la gestión del Ejecutivo autonómico frente a los incendios.
A la incertidumbre sobre la dirección se suman problemas internos: dos consejeros autonómicos abandonaron el partido tras la ruptura con el PP y dos procuradores fueron expulsados este año por impulsar un movimiento crítico, reduciendo los escaños de Vox en las Cortes de 13 a 11.
En este contexto, la dirección nacional ya está preparando la estrategia electoral. A pesar del descenso en las expectativas de voto, el partido confía en recuperar un papel decisivo en la gobernabilidad de Castilla y León, como sucedió en 2022, y aspira a recuperar su influencia en el próximo ciclo político.