El Ministerio de Trabajo está tramitando un anteproyecto que establece como nulo el despido de aquellos empleados que denuncien actividades ilícitas o casos de corrupción dentro de sus empresas. Esta norma tiene como objetivo fortalecer la seguridad jurídica y las garantías de protección de los informantes.
En un contexto marcado por la crisis política y judicial relacionada con episodios de corrupción cercanos al Gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha centrado la atención en la problemática de la corrupción empresarial.
El Ministerio ha puesto en consulta pública un anteproyecto de ley que tiene como finalidad amparar a los trabajadores que den a conocer infracciones normativas y hechos corruptos en sus lugares de trabajo.
Despido inválido y protección contra represalias
Este anteproyecto, compuesto por dos artículos y tres disposiciones finales, pretende impedir expresamente las represalias hacia empleados que revelen irregularidades.
La medida más relevante establece que, si un trabajador es despedido por denunciar actos ilícitos o corrupción, el despido será considerado nulo.
Aunque la ley de 2023 que protege a los informantes ya prohibía acciones perjudiciales, el Ministerio de Trabajo sostiene que es necesario «reforzar las garantías de indemnidad de la persona informante» para asegurar mayor eficacia y seguridad jurídica.
«Es importante tener en cuenta la jurisprudencia que impide calificar como nula la finalización sin causa de un contrato de trabajo, salvo que exista algún motivo específico que lo justifique», señala Trabajo en apoyo a la necesidad de esta nueva regulación.
El texto también establece que serán nulas las órdenes de discriminación y cualquier decisión empresarial que suponga trato desfavorable o represalias contra quienes realicen reclamaciones, revelen información o comuniquen actividades ilegales.
El anteproyecto está abierto a recibir aportaciones y observaciones hasta el próximo 10 de diciembre.
