El administrador ferroviario Adif decidió no comunicar una amenaza de bomba recibida el 6 de noviembre en las instalaciones del Centro de Regulación de Circulación (CRC) de Atocha, en Madrid, con la finalidad de impedir que los operadores abandonaran sus puestos y se garantizara la continuidad del servicio.
De acuerdo con fuentes policiales, el aviso se registró alrededor de las 14:30 horas, lo que provocó la inmediata movilización de varias patrullas de la Policía Nacional y de equipos de guías caninos especializados en detección de explosivos. No obstante, mientras los agentes realizaban la inspección del edificio —una actuación que posteriormente se confirmó como una falsa alarma—, el desalojo se aplicó únicamente a la planta baja del inmueble.
Los empleados de las áreas esenciales de regulación y gestión en tiempo real, ubicados en las plantas superiores, denunciaron no haber sido informados de la situación ni de las instrucciones para evacuar. La plantilla ha expresado su reproche hacia la dirección de la compañía por priorizar el funcionamiento del tráfico sobre la seguridad y bienestar físico de los trabajadores, recordando que el suceso tuvo lugar en un contexto de gran sensibilidad tras el reciente accidente ferroviario de Urda (Toledo). Los afectados demandan una investigación exhaustiva y una revisión inmediata de los protocolos de emergencia frente a este tipo de amenazas.


