El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, ha manifestado este martes que el Arzobispado continúa otorgando una asignación económica al sacerdote de Talavera de la Reina que fue condenado a ocho años y medio de prisión por abusos sexuales reiterados a una menor. El prelado detalló que estos recursos se destinan, entre otros aspectos, a que el acusado pueda hacer frente a la indemnización fijada para la víctima y a las costas judiciales correspondientes.
En la rueda de prensa, Cerro explicó que esta asistencia se brinda porque el condenado «es sacerdote y como tal estamos ofreciendo apoyo». Sin embargo, puntualizó que esta ayuda no implica una postura respecto a su culpabilidad legal, resaltando que, en el proceso canónico interno de la Iglesia en aquel momento, fue considerado «inocente».
Prioridad en la reparación económica
Ante la sensibilidad del caso, el ecónomo diocesano, Anastasio Gómez, informó que la prioridad del Arzobispado es asegurar que la víctima obtenga la compensación establecida por los tribunales. Gómez especificó que el sacerdote no recibe un salario formal, sino una «asignación mínima y básica».
- Compensación a la víctima: La Iglesia sostiene que este método es el canal para que la víctima perciba la indemnización determinada por el Tribunal Supremo.
- Pago de costas judiciales: La asignación también abarca los gastos legales surgidos del proceso judicial del acusado.
- Cumplimiento de la normativa: El arzobispo afirmó que se cumple «total y absolutamente toda la normativa» vigente mientras el sacerdote cumple su condena en prisión.
La víctima «en el centro» a pesar de la controversia
Desde el Arzobispado defendieron su proceder indicando que han gestionado el asunto «lo mejor posible» dadas las circunstancias. El ecónomo subrayó que se ha situado a la víctima «en el centro» para garantizar su reparación económica completa, en coordinación con la asesoría jurídica del agresor.
«Siempre hemos intentado cumplir con lo que exigía la Justicia», concluyó Francisco Cerro, confirmando que la Iglesia cubre los pagos derivados de la condena por abusos ocurridos entre 2010 y 2014.
