Las asociaciones reclaman garantías de seguridad física y jurídica, prevención de riesgos y protección de los datos personales de los efectivos que participan en el dispositivo
Las asociaciones profesionales ASFASPRO, AUME y UMT han trasladado al Defensor del Pueblo una queja por la situación que, según denuncian, está atravesando el personal militar desplegado en Ceuta durante la actual crisis fronteriza.
Las organizaciones consideran necesario adoptar medidas que permitan garantizar a los militares la seguridad física y jurídica necesaria para desarrollar sus funciones, así como disponer de la información funcional que deben conocer para cumplir correctamente con su misión.
La petición también incluye cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales, tanto ante posibles agresiones físicas como ante la exposición a enfermedades, y con la protección de los datos identificativos de los militares.
Las asociaciones advierten de que la difusión de información que permita identificar o localizar a los efectivos puede generar riesgos para ellos y para su entorno familiar.
La situación se suma a las denuncias realizadas en las últimas semanas por distintas asociaciones militares. A finales de agosto, ASFASPRO, AUME y UMT reclamaron más medios de protección y un marco jurídico claro después de la agresión sufrida por una patrulla militar en Ceuta.
En las últimas semanas también se han planteado públicamente dudas sobre las condiciones del despliegue, las jornadas de trabajo, los medios de protección y las reglas de actuación de los militares. La UMT llegó a denunciar jornadas prolongadas y problemas relacionados con la alimentación y el descanso durante el dispositivo.
Las asociaciones reclaman protección para poder cumplir la misión
ASFASPRO, AUME y UMT sostienen que los militares deben contar con unas condiciones que les permitan concentrarse en el cumplimiento de sus cometidos y que sus derechos profesionales deben estar suficientemente protegidos.
Las organizaciones recuerdan además que las Fuerzas Armadas han asumido en los últimos años numerosos despliegues y actuaciones de apoyo ante situaciones de emergencia, desde la pandemia y los incendios hasta episodios meteorológicos extremos y la actual crisis fronteriza de Ceuta.
En este contexto, consideran necesario que el Ministerio de Defensa garantice que el personal desplegado disponga de los medios y de la cobertura necesarios para afrontar una situación especialmente exigente.
La petición de amparo ante el Defensor del Pueblo supone un nuevo paso de las asociaciones militares para reclamar soluciones a las condiciones del despliegue en Ceuta, después de varias semanas en las que han denunciado problemas relacionados con la seguridad, la protección individual y el marco de actuación de los efectivos.
