La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) mantuvo este pasado sábado un encuentro en un hotel de Ceuta con la senadora ceutí en la Cámara Alta, Cristina Díaz, y con las eurodiputadas del Grupo del Partido Popular Europeo en el Parlamento de la Unión Europea, Alma Ezcurra y Maravillas Abadía, a quienes trasladaron la “grave situación” que viven los agentes destinados en la ciudad autónoma.
Según explicó la asociación, la reunión sirvió para exponer el incremento de la presión migratoria, la falta de medios y el “abandono institucional” que, a juicio de AUGC, sufren actualmente los guardias civiles destinados en la frontera sur de Europa.
Durante el encuentro, la organización presentó un conjunto de reivindicaciones centradas tanto en las necesidades específicas de Ceuta como en reformas de ámbito nacional que afectan al conjunto del cuerpo.
AUGC alertó de que las unidades desplegadas en la ciudad soportan una presión migratoria “constante”, asegurando además que se trata del territorio con mayor presión migratoria del país en lo que va de 2026. En este sentido, denunció que el Ministerio del Interior “continúa ocultando” los datos reales de llegadas e incidencias en los balances oficiales quincenales.
Ante esta situación, la asociación reclamó la incorporación urgente de 200 guardias civiles adicionales para reforzar la seguridad y garantizar la operatividad del servicio, además de una mejora inmediata de los medios materiales.
Especial preocupación mostró AUGC por la situación de los agentes del Servicio Marítimo, los GEAS y los efectivos desplegados en las costas y el perímetro fronterizo. La organización denunció que estos profesionales afrontan de forma continuada intervenciones de alto riesgo, rescates en condiciones extremas y una elevada exposición a escenas traumáticas y fallecimientos, lo que estaría provocando un importante desgaste físico y psicológico.
Asimismo, la asociación puso el foco en el drama humanitario derivado de los rescates constantes de “nadadores” en la costa ceutí y en el elevado número de fallecimientos registrados en el mar. AUGC aseguró que, de media, aparece un cadáver cada semana en las costas de Ceuta, algunos de ellos menores de edad, recordando además que durante la jornada de este mismo sábado se produjo un nuevo fallecimiento.
En materia de seguridad fronteriza, la organización denunció el deterioro estructural del vallado perimetral, reclamando una reforma integral urgente. Según trasladaron a las representantes europeas, el doble vallado puede ser sorteado “con facilidad” mediante herramientas artesanales como garfios, utilizados en ocasiones incluso para agredir a los agentes.
La asociación también mostró su preocupación por el estado de los espigones de Benzú y Tarajal, así como por las zonas habilitadas en la frontera del Tarajal donde permanecen custodiados los inmigrantes interceptados antes de ser devueltos a Marruecos. AUGC considera que esta situación “simboliza el fracaso de las políticas improvisadas” en materia fronteriza y de derechos humanos.
Durante la reunión se abordó igualmente el incremento de la actividad relacionada con el narcotráfico y el tráfico de personas en la frontera sur. Como ejemplo, AUGC señaló la aparición de un segundo narcotúnel en las inmediaciones del Tarajal, además del uso de drones para introducir droga y la utilización de parapentes, motos de agua y embarcaciones para acceder irregularmente a territorio nacional.
Entre sus principales reivindicaciones, la asociación volvió a reclamar la declaración de Ceuta como Zona de Especial Singularidad (ZES), una medida que consideran necesaria para incentivar la cobertura de plantillas y compensar las especiales condiciones laborales y sociales del destino.
En el ámbito nacional, AUGC insistió en la necesidad de reconocer la profesión de riesgo para los guardias civiles mediante coeficientes reductores que permitan una jubilación anticipada y digna, atendiendo a la peligrosidad y desgaste físico y psicológico del servicio.
La asociación reiteró además otras demandas históricas, entre ellas la exclusión de la aplicación del Código Penal Militar cuando los agentes ejerzan funciones policiales, la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales, el reconocimiento pleno del derecho de sindicación y el endurecimiento de las condenas por agresiones a agentes y contra las redes dedicadas al tráfico de drogas y seres humanos.
Finalmente, AUGC anunció que continuará trasladando estas reivindicaciones a instituciones nacionales y europeas con el objetivo de “garantizar la seguridad de los agentes, la dignidad profesional de los guardias civiles y una gestión eficaz y humana de la frontera sur”.
