La Comisión Europea recuerda que las personas en situación irregular pueden ser retornadas, incluidos los menores no acompañados, siempre que exista una evaluación individual y se respeten todas las garantías legales
La Comisión Europea ha recordado que el marco jurídico de la Unión Europea contempla el retorno de nacionales de terceros países que se encuentren en situación irregular, también en el caso de Ceuta, siempre que los procedimientos se desarrollen conforme a la legislación europea y española.
El pronunciamiento se produce en pleno debate sobre la gestión de la presión migratoria que atraviesa la ciudad autónoma y sobre la posibilidad de agilizar los procedimientos de retorno a Marruecos.
Bruselas insiste, sin embargo, en que no pueden producirse devoluciones automáticas ni colectivas. Cada caso debe ser analizado individualmente y deben respetarse las garantías previstas por la normativa.
Especial protección para los menores
En el caso de los menores extranjeros no acompañados, las exigencias son todavía mayores. La normativa obliga a realizar una evaluación individualizada y a tener en cuenta de manera prioritaria el interés superior del menor.
Por tanto, la posibilidad de un retorno no implica que pueda realizarse de forma inmediata o generalizada. Antes de cualquier decisión deben analizarse las circunstancias personales y familiares del menor, además de las condiciones existentes en el país al que se plantea su retorno.
Bruselas mantiene el marco europeo de retornos
El posicionamiento de la Comisión Europea se produce después de los acuerdos alcanzados por las instituciones comunitarias para reforzar y agilizar los procedimientos de retorno de personas que no tienen derecho a permanecer en territorio de la Unión.
El objetivo europeo pasa por hacer más eficaces los procedimientos, pero manteniendo las garantías jurídicas y los derechos fundamentales.
En el caso de Ceuta, la aplicación práctica de estos mecanismos requiere además una estrecha coordinación entre España y Marruecos.
El Gobierno defiende que no existe un cambio de criterio
Fuentes del Gobierno central consideran que el planteamiento de Bruselas no supone un cambio en la posición española, sino la confirmación de que la legislación ya contempla mecanismos para retornar a personas que no tienen derecho a permanecer en España.
La dificultad se encuentra especialmente en aquellos casos que afectan a menores no acompañados, debido a las garantías adicionales que establece la legislación española y europea.
Ceuta afronta una elevada presión migratoria
El debate sobre los retornos se produce mientras Ceuta continúa haciendo frente a una importante presión sobre sus recursos de acogida y protección de menores.
El incremento de llegadas registrado durante las últimas semanas ha obligado a las administraciones a habilitar nuevos espacios y movilizar recursos humanos y materiales para atender a los menores.
La situación ha provocado además numerosas peticiones al Gobierno central para que refuerce los medios disponibles y agilice las soluciones previstas para aliviar la presión sobre la ciudad autónoma.
Vivas reclama una respuesta más rápida
El presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, ha reclamado en las últimas semanas una mayor implicación del Gobierno de España ante la situación que atraviesa Ceuta.
Entre las medidas planteadas se encuentra la necesidad de acelerar los mecanismos que permitan reducir la presión sobre el sistema de protección de menores, siempre dentro de los procedimientos establecidos por la legislación.
Desde el Partido Popular también se ha valorado el marco europeo de retornos como un instrumento que puede contribuir a mejorar la gestión de la presión migratoria.
Sin devoluciones automáticas
El reconocimiento de que el Derecho europeo permite los retornos no significa que Bruselas haya autorizado devoluciones automáticas de menores desde Ceuta a Marruecos.
La diferencia es fundamental. Cualquier retorno debe contar con un procedimiento individualizado y respetar las garantías establecidas por la legislación.
En el caso de los menores, además, debe acreditarse que la medida responde a su interés superior y que se cumplen las condiciones necesarias para garantizar su protección.
La cuestión se sitúa así en el equilibrio entre el control de las fronteras, la aplicación de las políticas de retorno y la protección de los derechos fundamentales, uno de los principales desafíos migratorios a los que se enfrenta actualmente la Unión Europea y, de manera especialmente intensa, Ceuta.
