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CEUTA DICE BASTA: “SITUACIÓN LÍMITE” Y EXIGE AL GOBIERNO QUE ACTÚE YA

La Asamblea, unida y por unanimidad, reclama el retorno de quienes participaron en la entrada masiva, más Policía, el blindaje de la frontera y ayudas para una ciudad que asegura haber perdido su tranquilidad

CEUTA, 28 DE AGOSTO DE 2026. Ceuta ha elevado el tono. La Asamblea de la Ciudad Autónoma ha aprobado por unanimidad una declaración institucional que describe sin ambages el escenario que atraviesa la ciudad: “una situación límite, al borde del colapso”.

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, fue el encargado de leer un documento respaldado por todos los grupos políticos y por las dos diputadas no adscritas. Una imagen de unidad política poco habitual que pretende trasladar al Gobierno de la Nación un mensaje inequívoco: Ceuta reclama respuestas inmediatas y no puede seguir esperando.

La declaración sitúa el origen de la actual crisis en la entrada masiva registrada desde el pasado 30 de julio y advierte de sus consecuencias sobre la seguridad ciudadana, la sanidad, los servicios públicos, la economía y la convivencia.

Pero va más allá. El documento asegura que Ceuta “ha perdido su forma de vida y la tranquilidad” y advierte de que la crisis está afectando incluso a la confianza de los ciudadanos en el futuro y a cuestiones vinculadas con la Seguridad Nacional.

EL GOBIERNO, ANTE UNA EXIGENCIA SIN MATICES

La Asamblea reclama al Ejecutivo central una intervención inmediata y concreta.

Entre sus principales reivindicaciones figura el retorno a Marruecos, conforme a la legislación vigente, de las personas que participaron en la entrada masiva y que todavía permanecen en Ceuta.

Los diputados exigen también más efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, refuerzos para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, apoyo económico al tejido productivo y un refuerzo de la frontera que impida que la ciudad vuelva a enfrentarse a una situación semejante.

La declaración reclama además que la emergencia humanitaria sea atendida y que las administraciones trabajen para que Ceuta pueda superar la crisis y salir de ella “reforzada”.

El mensaje político es claro: la ciudad considera que no basta con gestionar las consecuencias; exige medidas para recuperar el control y evitar que vuelva a repetirse.

“MANIFESTACIONES SÍ. VIOLENCIA NO”

La Asamblea también ha querido marcar distancias con los episodios violentos registrados durante algunas de las movilizaciones ciudadanas.

Los representantes políticos consideran “legítimas y plenamente justificadas” las concentraciones que reclaman recuperar la normalidad en Ceuta y reconocen el derecho de los ciudadanos a manifestarse.

Pero establecen una frontera inequívoca: la protesta debe ser pacífica.

“Los violentos no nos representan”, recoge la declaración, que reclama la aplicación de las sanciones correspondientes contra quienes provoquen daños, cometan actos vandálicos o alteren el orden público.

La institución insiste en que nadie puede tomarse la justicia por su mano y que la defensa de Ceuta debe realizarse dentro de los cauces democráticos.

La advertencia pretende evitar que los comportamientos violentos terminen desvirtuando unas movilizaciones que la propia Asamblea considera legítimas.

UNA ASAMBLEA UNIDA EN EL MOMENTO MÁS CRÍTICO

El hecho de que la declaración haya sido aprobada por unanimidad convierte el documento en algo más que un pronunciamiento del Gobierno local.

Toda la Asamblea ha cerrado filas.

En un momento de máxima tensión social, los partidos representados en la institución han decidido trasladar una posición común frente a una crisis que consideran excepcional.

El documento concluye con una frase que pretende convertirse en el lema de esta respuesta institucional:

“JUNTOS Y UNIDOS, CEUTA NO SE RINDE, CEUTA SE DEFIENDE”

Una declaración que eleva la presión sobre el Gobierno de la Nación y que deja una fotografía política contundente: Ceuta reclama seguridad, control fronterizo, recuperación de la normalidad y una respuesta inmediata ante una crisis que la Asamblea considera ya insostenible.

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