Los servicios de inteligencia sitúan a Ceuta y Melilla en una posible “zona gris” de tensión con Marruecos, mientras continúa el debate sobre si el Gobierno fue informado de la entrada masiva de inmigrantes registrada en julio
Ceuta continúa inmersa en una crisis que trasciende el ámbito social y afecta directamente a la credibilidad de las instituciones. La entrada masiva de miles de inmigrantes desde Marruecos a través del espigón del Tarajal ha dejado abiertas numerosas preguntas, especialmente en torno a la capacidad de los organismos de seguridad e inteligencia para detectar y anticipar un episodio de estas características.
En el centro de la polémica se encuentran los servicios secretos españoles y, en particular, la controversia sobre si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) advirtió previamente de la posibilidad de una entrada masiva. El Gobierno de España ha mantenido que no recibió información que alertara de lo ocurrido, una afirmación que ha provocado un enfrentamiento político e institucional en torno a la gestión de la crisis.
A esta situación se suma ahora la información publicada por El País, según la cual los servicios de inteligencia consideran probable que Marruecos pueda recurrir en el futuro a nuevas acciones encubiertas dirigidas a generar presión sobre Ceuta y Melilla.
La “zona gris”, un nuevo escenario de tensión
Los informes de inteligencia manejan el concepto de “zona gris” para describir un escenario de presión que se situaría por debajo del umbral de un conflicto militar abierto. Entre las posibles actuaciones contempladas figuran los ciberataques, las campañas de desinformación, los sabotajes, la difusión de bulos a través de las redes sociales y la utilización de nuevas entradas de inmigrantes como instrumento de desestabilización.
Los servicios de inteligencia, no obstante, descartan una acción militar de Marruecos a corto o medio plazo destinada a ocupar Ceuta o Melilla. El riesgo se situaría, por tanto, en actuaciones indirectas capaces de generar inestabilidad política y social sin desembocar en una confrontación convencional.
Durante la crisis migratoria de julio ya fueron detectados mensajes difundidos a través de redes sociales en los que se planteaban posibles ciberataques contra organismos españoles, entre ellos el Ministerio de Asuntos Exteriores, así como acciones de sabotaje contra instalaciones eléctricas. El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hizo referencia entonces a este tipo de amenazas.
Las dudas sobre la crisis de julio permanecen
Meses después de aquella entrada masiva, continúan las incógnitas sobre el papel desempeñado por Marruecos y sobre la posible existencia de una estrategia destinada a incrementar la presión sobre las dos ciudades autónomas.
Uno de los elementos que alimentan las sospechas es la aparente pasividad de las autoridades marroquíes durante algunos de los intentos de entrada, una circunstancia que ha sido objeto de análisis por parte de los servicios de seguridad españoles.
Sin embargo, persisten también las dudas sobre el grado de implicación de los círculos de poder próximos al rey Mohamed VI. Hasta el momento, no se ha producido una declaración o evidencia pública que establezca una relación directa entre esos ámbitos de poder y los acontecimientos de julio, a diferencia de lo sucedido durante la crisis de mayo de 2021.
El enfrentamiento institucional por la información del CNI
Mientras tanto, el debate sobre la actuación de los servicios de inteligencia continúa abierto. La cuestión central sigue siendo si el CNI dispuso de información previa sobre la posibilidad de una entrada masiva y, en caso afirmativo, si esa información fue trasladada a los responsables políticos y operativos encargados de gestionar la seguridad de la frontera.
La discrepancia ha provocado incluso un enfrentamiento entre los ministerios de Defensa e Interior sobre la información que fue compartida antes de la crisis.
La polémica no solo afecta a la gestión de un episodio migratorio sin precedentes recientes en Ceuta. También plantea interrogantes sobre la preparación de España ante posibles estrategias de presión híbrida en las ciudades autónomas.
Con la denominada “zona gris” como escenario de fondo, Ceuta y Melilla afrontan así un futuro marcado por la incertidumbre: sin una amenaza militar inmediata, pero con el riesgo de nuevas operaciones encubiertas, campañas de desinformación, ciberataques o episodios migratorios utilizados como mecanismos de presión.
