La Delegación del Gobierno ha organizado una mesa de trabajo con representantes de la justicia, fuerzas de seguridad y servicios sociales para examinar los 318 casos activos que hay en la ciudad.
CEUTA – Con el propósito de reforzar la seguridad de las mujeres y optimizar los protocolos de actuación, la Delegación del Gobierno en Ceuta convoca este martes una reunión fundamental para la coordinación del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén). Bajo la presidencia del delegado Miguel Ángel Pérez Triano, el encuentro tiene como meta analizar la situación actual y potenciar la colaboración entre las diferentes administraciones.
Un esfuerzo conjunto contra la violencia
Este foro se caracteriza por su enfoque multidisciplinar, reuniendo a los principales encargados de la protección y asistencia a las víctimas. Según informa El Pueblo de Ceuta, participarán:
- Mandos policiales: Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local.
- Poder Judicial: la Jueza del Juzgado nº 4 y la Fiscal Delegada de Violencia Sobre la Mujer.
- Área Social y Asistencial: la Consejera de Servicios Sociales, la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito, Cruz Roja y responsables de Igualdad.
Evaluación de la situación vigente
El análisis se centrará en la coordinación entre cuerpos policiales y el ámbito judicial, así como en la revisión de los recursos destinados a la atención social. Se considerarán posibles mejoras en el seguimiento y se identificarán necesidades formativas para asegurar una asistencia cada vez más eficaz.
El objetivo fundamental es fortalecer la coordinación institucional y avanzar en los sistemas de protección y apoyo a las víctimas.
Diagnóstico de datos en Ceuta
La importancia de esta reunión se justifica por las cifras actuales del sistema. Ceuta cuenta en la actualidad con 318 casos activos en VioGén, que afectan a 312 víctimas y a 317 autores registrados. Estos datos resaltan la necesidad de mantener un control minucioso y una comunicación constante entre los servicios sociales, judiciales y fuerzas de seguridad para evitar cualquier fallo en la protección de las mujeres.
