El Gobierno de Ceuta defiende la legalidad de las adjudicaciones y niega cualquier trato de favor tras las informaciones que señalan vínculos familiares con personas del entorno del Ejecutivo
Dos contratos de emergencia adjudicados por el Gobierno de Ceuta para atender las necesidades derivadas de la crisis migratoria han puesto el foco sobre la gestión económica del Ejecutivo de Juan Vivas.
Las adjudicaciones, realizadas el 27 de agosto, alcanzan conjuntamente los 5,75 millones de euros y fueron tramitadas mediante el procedimiento de emergencia previsto en la Ley de Contratos del Sector Público. Según la información publicada, no hubo publicidad previa ni concurrencia de otras empresas.
El contrato de mayor importe, de 3.267.698,08 euros, corresponde a obras de adecuación y habitabilidad de espacios destinados a la acogida de menores tras la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio.
La adjudicación recayó en Absercon, cuyo administrador único, según la información registral recogida por la investigación, es Bartolomé Sánchez-París Contreras. El artículo señala su relación familiar con Javier Sánchez-París Contreras, asesor de Presidencia de la Ciudad. También recoge los vínculos profesionales y personales de la familia con Juan Vivas.
El segundo contrato asciende a 2.483.175 euros y está destinado al suministro de mobiliario, electrodomésticos, complementos y productos de limpieza para los espacios de acogida de menores.
La adjudicataria es Ferretería Doncel, cuyo responsable, según la información publicada, mantiene un vínculo familiar con Juan Manuel Doncel, presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta y antiguo miembro del Gobierno de Vivas.
El Gobierno de Vivas niega cualquier trato de favor
La Ciudad Autónoma ha respondido a estas informaciones y ha rechazado de manera rotunda que haya existido trato de favor.
El Ejecutivo local sostiene que Juan Vivas no decidió ni seleccionó a las empresas adjudicatarias. Según su versión, las propuestas partieron de los informes elaborados por los servicios técnicos, teniendo en cuenta las necesidades de la emergencia, la disponibilidad inmediata y la capacidad de las empresas para movilizar los medios necesarios.
La Ciudad defiende además que los contratos se tramitaron conforme al artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, que permite utilizar la contratación de emergencia cuando una situación excepcional exige una actuación inmediata.
El Gobierno considera que la magnitud de la crisis justificaba recurrir a este procedimiento. Recuerda que la capacidad ordinaria de acogida de la Ciudad era de 29 menores y que, tras la entrada masiva, llegó a atender a cientos de ellos. Actualmente, según los datos facilitados por el Ejecutivo local, son alrededor de 2.010 los menores atendidos.
La Ciudad también asegura que las actuaciones de emergencia no se concentraron únicamente en estas dos empresas, sino que fueron distribuidas entre siete compañías, todas ellas con experiencia previa y capacidad para responder de manera inmediata.
Vivas rechaza las acusaciones
El Ejecutivo ceutí considera “grave e irresponsable” que se hayan planteado sospechas de trato de favor a partir de relaciones familiares.
La Ciudad sostiene que las personas mencionadas no informan, no proponen empresas, no tramitan expedientes ni intervienen en las adjudicaciones. También afirma que el parentesco, por sí mismo, no implica incompatibilidad ni conflicto de intereses.
El Gobierno de Vivas acusa además a elDiario.es de presentar los contratos de manera “torticera, manipulada e interesada” y considera que la información busca desacreditar al presidente de la Ciudad.
La polémica llega en plena crisis migratoria y después de que VOX haya anunciado que solicitará los expedientes completos de los contratos, además de facturas, pagos, informes, documentación registral de las empresas y todos los contratos adjudicados desde 2024 a las sociedades afectadas.
La formación de Juan Sergio Redondo quiere conocer quién propuso las empresas, qué criterios se utilizaron para seleccionarlas, cómo se determinaron los precios y si existieron posibles conflictos de interés.
De esta forma, unas adjudicaciones realizadas bajo el procedimiento excepcional de emergencia quedan ahora bajo el escrutinio de la oposición, mientras el Gobierno de Vivas defiende que todo el proceso se ajustó a la legalidad y estuvo respaldado por informes técnicos y jurídicos.
La Ciudad niega cualquier trato de favor y defiende la legalidad de los contratos
Ante la publicación de la información de elDiario.es, la Ciudad Autónoma ha rechazado “de manera rotunda y categórica” las insinuaciones de un supuesto trato de favor en las adjudicaciones.
El Gobierno de Ceuta asegura que Juan Vivas no decidió ni seleccionó a las empresas adjudicatarias. Según explica, las propuestas partieron de informes técnicos elaborados por los servicios competentes, que tuvieron en cuenta las necesidades derivadas de la emergencia, la disponibilidad inmediata y la capacidad operativa de las empresas.
La Ciudad también rechaza que se presente la contratación como una forma de evitar una licitación ordinaria. Según el Ejecutivo autonómico, los expedientes se tramitaron al amparo del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, que permite recurrir a procedimientos excepcionales cuando es necesario actuar de forma inmediata ante situaciones de emergencia.
El Gobierno de Ceuta sostiene que la situación generada tras la entrada masiva de personas el 30 de julio obligó a habilitar espacios para menores, acondicionar instalaciones, adquirir equipamiento y disponer de infraestructuras temporales con carácter urgente.
La Ciudad recuerda que su capacidad ordinaria de acogida era de 29 menores, mientras que el 30 de julio llegó a atender a unos 800. Actualmente, según sus datos, la cifra asciende a 2.010 menores.
Respecto a los vínculos familiares señalados en la información publicada, el Gobierno de Ceuta considera “grave e irresponsable” que se utilicen estas relaciones para sembrar sospechas de trato de favor.
La Ciudad asegura que las personas mencionadas no informan, no proponen empresas, no tramitan expedientes ni intervienen en los procedimientos de adjudicación. Además, sostiene que el parentesco, por sí mismo, no implica incompatibilidad ni conflicto de intereses.
El Ejecutivo autonómico también subraya que las actuaciones de emergencia no se concentraron en dos empresas, sino que fueron distribuidas entre siete compañías diferentes, todas ellas, según afirma, con experiencia previa y capacidad para responder de manera inmediata a las necesidades surgidas.
La Ciudad defiende así que las contrataciones estuvieron sometidas a los correspondientes controles técnicos, jurídicos y administrativos y niega que exista cualquier irregularidad.
El Gobierno de Ceuta califica la información publicada de “torticera, manipulada e interesada” y considera que se ha utilizado para atribuir un supuesto trato de favor que, según sostiene, no encuentra respaldo en los expedientes administrativos.
Finalmente, la Ciudad interpreta la publicación como un intento de desacreditar al presidente Juan Vivas y sostiene que las críticas se producen en un momento en el que el presidente está reclamando al Gobierno de la Nación respuestas ante la crisis migratoria que afecta a Ceuta.
