EDITORIAL
La visita del presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a Ceuta debía servir para acercar su proyecto político a los ceutíes y responder a las preguntas de los medios de comunicación. Sin embargo, la comparecencia celebrada este viernes dejó una sensación muy distinta: la de una rueda de prensa con preguntas previamente filtradas y una participación limitada únicamente a los medios seleccionados por la organización.
Este medio estuvo presente en el acto y fue privado de la posibilidad de formular una pregunta al líder nacional del Partido Popular. No porque no existieran preguntas de interés, sino porque simplemente no se le concedió el turno de palabra.
Ese hecho, por sí solo, resulta preocupante. Una comparecencia pública pierde parte de su esencia cuando son los responsables de comunicación quienes deciden qué periodistas pueden preguntar y cuáles deben permanecer en silencio.
La ciudadanía merece conocer cuáles fueron los criterios utilizados para seleccionar a unos medios y excluir a otros. La transparencia no consiste únicamente en convocar una rueda de prensa; también exige garantizar la igualdad de oportunidades entre los profesionales que acuden a cubrir la información.
La pregunta que no quisieron escuchar
La pregunta que este medio pretendía formular era sencilla, directa y de evidente interés político:
Señor Feijóo, si el Partido Popular mantiene acuerdos con Vox en distintas comunidades autónomas y administraciones, ¿qué ocurrirá en Ceuta? ¿Respaldará la dirección nacional un posible entendimiento con Vox o el Partido Popular de Ceuta seguirá manteniendo una estrategia política propia, abierta incluso a acuerdos con el PSOE?
No se trataba de una pregunta incómoda por motivos personales, sino de una cuestión política que muchos ciudadanos se plantean.
Ceuta vive un escenario singular. Mientras en otras partes de España el Partido Popular gobierna o alcanza acuerdos con Vox, en la ciudad autónoma las relaciones políticas han seguido un camino diferente. Esa aparente diferencia merece una explicación por parte del máximo dirigente nacional del partido.
Sin embargo, esa respuesta nunca llegó porque la pregunta nunca pudo formularse.
Comunicación o control
En cualquier partido político es legítimo organizar un acto de comunicación. Lo que resulta más discutible es que una comparecencia presentada como rueda de prensa termine convirtiéndose en un ejercicio donde únicamente intervienen los medios previamente elegidos.
Los responsables de comunicación tienen la misión de coordinar los actos públicos, pero también deberían garantizar el pluralismo informativo. Cuando determinadas preguntas desaparecen porque determinados periodistas no pueden realizarlas, el mensaje que se transmite no fortalece precisamente la confianza en las instituciones.
Una cuestión que merece aclaraciones
Durante la organización del acto participaron responsables de comunicación del Partido Popular. Este medio considera oportuno que el partido explique públicamente cuáles fueron los criterios seguidos para decidir qué periodistas podían intervenir y cuáles no.
Del mismo modo, sería conveniente despejar cualquier duda sobre la absoluta imparcialidad con la que se organizan este tipo de comparecencias, especialmente cuando en una ciudad pequeña como Ceuta existen relaciones personales y profesionales entre representantes públicos y el sector de la comunicación. Precisamente para evitar interpretaciones o suspicacias, la mejor respuesta siempre es la transparencia.
El periodismo no está para aplaudir
Los periodistas no acudimos a los actos políticos para hacer fotografías ni para escuchar discursos previamente preparados. Acudimos para preguntar. Y, en ocasiones, para formular aquellas cuestiones que incomodan.
Porque las preguntas incómodas no son un problema para la democracia; son una de sus mejores garantías.
La respuesta que este medio buscaba continúa pendiente. Y, mientras nadie la responda, seguirá existiendo una incertidumbre legítima sobre cuál será la verdadera política de alianzas del Partido Popular en Ceuta.
Los ciudadanos tienen derecho a conocerla. Y los medios de comunicación tienen derecho a preguntarla.
