Gonzalo Sanz comparece como testigo tras su renuncia y asegura haber transmitido a sus superiores los avisos sobre la convocatoria en redes sociales para intentar cruzar la frontera el 30 de julio.
MADRID.— Gonzalo Sanz, quien fue jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, ha testificado este jueves ante la magistrada María Tardón en la Audiencia Nacional, dentro de la investigación que busca aclarar las responsabilidades institucionales relacionadas con la crisis migratoria ocurrida a finales de julio. La comparecencia ha generado interés judicial debido a que se produce tras su dimisión y después de que confirmara haber informado a sus superiores sobre una alerta recibida de un agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) un día antes de los sucesos.
Sanz ha acudido al juzgado en Madrid después de que Miguel Ángel Pérez Triano, su inmediato superior, presentara su dimisión el lunes como delegado del Gobierno en Ceuta y dejara también la secretaría general del PSOE local, facilitando así la incorporación de David de la Encina.
Los mensajes de WhatsApp del 29 de julio
El centro del interrogatorio se basa en una conversación por WhatsApp el 29 de julio a las 13:52 horas. En ese mensaje, un enlace oficial del CNI informó a Sanz acerca de movimientos masivos detectados en redes sociales que coordinaban un ataque a la valla fronteriza y mediante vía marítima para el día siguiente a las 20:00 horas, aprovechando la coincidencia con la Fiesta del Trono marroquí y la previsible disminución de los controles de seguridad al otro lado de la frontera.
En comunicaciones posteriores, los servicios de inteligencia indicaron la presencia de dos grupos organizados en plataformas digitales con un total aproximado de 180.000 seguidores, alertando sobre el significativo alcance de la convocatoria. Sanz sostiene que, tras responder informalmente reflejando la gravedad del asunto, transmitió la información a los responsables de la Delegación sin demora.
Avance de las diligencias sobre la crisis fronteriza
La declaración de Sanz se añade a las testimoniales del jefe de la Policía Local de Ceuta y del presidente autonómico, Juan Vivas, quien situó en Moncloa el conocimiento previo de los riesgos tras mencionar hasta diez intentos de llamada que no fueron atendidos por la Presidencia del Gobierno.
La jueza Tardón profundiza en la investigación sobre la cadena de mando para determinar si la ausencia de refuerzos preventivos supuso una conducta ilegal, en lo que califica en sus autos como un «ataque grave a la integridad territorial de España». Además, la Audiencia Nacional se prepara para asumir la causa paralela contra el exdelegado Miguel Ángel Pérez Triano una vez que el juzgado de origen formalice su inhibición.
