El inicio de la fase presencial del proceso ha comenzado con largas filas y críticas por parte de los municipios, que señalan que recibieron la instrucción de validar certificados de vulnerabilidad mediante una carta enviada el viernes por la tarde.
El comienzo del periodo presencial para la regularización extraordinaria de inmigrantes provocó este lunes una situación complicada en las principales ciudades españolas. Diversos estudios, como el de Funcas, estiman que los posibles beneficiarios podrían aumentar hasta 800.000 personas, cifra superior a las 500.000 inicialmente previstas, lo que ha sobrepasado la capacidad de los servicios municipales para gestionar las solicitudes.
El problema del viernes para la FEMP
El origen del descontento en los municipios se remonta al pasado viernes por la tarde. A las 17:38 horas, la Secretaría de Estado de Migraciones, liderada por Pilar Cancela, envió una carta urgente a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) solicitando la «colaboración» de los ayuntamientos para validar los certificados de vulnerabilidad, documentos esenciales para quienes no pueden presentar ofertas laborales.
Los ayuntamientos han manifestado que esta tarea les fue asignada sin aviso previo, capacitación para sus técnicos o recursos adicionales. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, calificó esta situación como una «chapuza», destacando que la notificación llegó justo antes del fin de semana y pocas horas antes de que miles de personas llegaran a los edificios municipales.
Madrid y Valencia: puntos críticos del problema
Durante la mañana se registraron episodios tensos en distintos lugares:
- Madrid: Las oficinas de registro en la Ronda de Toledo presentaron largas colas. José Fernández, concejal de Políticas Sociales, informó que las solicitudes diarias aumentaron de 1.500 a 5.500. Fernández criticó que se solicite a los funcionarios validar la vulnerabilidad sin herramientas para confirmar la autenticidad de los datos.
- Valencia: El Ayuntamiento tuvo que suspender la aceptación de nuevas solicitudes al mediodía para evitar un bloqueo total, lo que derivó en que muchas personas acudieran a ONG como Valencia Acoge, que también se encuentran saturadas.
El certificado de vulnerabilidad, el principal obstáculo
El decreto contempla tres vías para obtener la residencia, pero el informe de vulnerabilidad es el que está causando mayores dificultades. La ministra Elma Saiz ha indicado que «la situación irregular ya constituye una vulnerabilidad», sin embargo, este trámite exige una entrevista y verificación de datos que los servicios sociales, ya con alta demanda, no pueden realizar con rapidez.
La carta enviada por el Ministerio señalaba: «Agradecemos la colaboración… ya que sin su cooperación no podremos conseguir que este proceso sea tan ágil como esperamos». Este mensaje ha sido calificado como una «falta de consideración» en los ayuntamientos gobernados por el PP, debido a la insuficiencia de recursos.
Disputa política sobre el empadronamiento
La situación administrativa se trasladó rápidamente al ámbito político. El Partido Popular anunció mociones en más de 8.000 municipios para criticar la gestión del Gobierno. Por su parte, alcaldesas como Catalá sugieren que algunos ayuntamientos socialistas están enviando inmigrantes a otras ciudades para evitar gestionar «empadronamientos especiales». Mientras tanto, desde el PSOE acusan a las administraciones del PP de «cerrar las puertas» por motivos ideológicos y solicitan una corrección inmediata.
Con la fase presencial abierta hasta el 30 de junio, la demanda sobre los servicios sociales públicos podría prolongar un bloqueo que apenas comienza.
