Este martes se somete a una votación fundamental en el Congreso de los Diputados el decreto de prórroga de los alquileres, que cuenta con escasas posibilidades de ser aprobado. Este decreto, promovido por el Gobierno a iniciativa de Sumar, pretende extender por dos años los contratos de alquiler cuya vigencia finaliza entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, además de establecer un tope del 2% para la actualización anual de la renta.
Los apoyos en el Parlamento son limitados: Junts se mantiene en contra, y tanto PP como Vox también se oponen a la propuesta. A esta oposición se suma la abstención anunciada por el PNV, que justifica su postura por motivos “formales y de fondo”, además de señalar la falta de seguridad jurídica que presenta el texto.
El PNV opta por abstenerse en la votación del decreto de alquileres
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha establecido que su partido votará abstención. Aunque valoran la medida como posiblemente “bienintencionada”, consideran que la crisis habitacional demanda soluciones más sólidas y acuerdos a medio y largo plazo.
Además, el PNV exige al Gobierno aclarar el estatus de los inquilinos que ya hayan solicitado la prórroga en caso de que el decreto no prospere. Este vacío legal es uno de los principales motivos para justificar su abstención.
Junts reafirma su rechazo y deja al Gobierno sin mayoría
El principal desafío para la aprobación del decreto continúa siendo Junts. El partido de Carles Puigdemont mantiene su postura negativa pese a que Sumar ha intentado negociar hasta último momento.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha señalado que aún existe margen para un acuerdo, incluso mediante modificaciones fiscales. Sin embargo, Junts insiste en que sería preferible retirar el decreto y presentar una nueva propuesta que incluya ayuda tanto a inquilinos como a pequeños propietarios.
Contenido del decreto de prórroga del alquiler
El decreto establece dos medidas principales: permite prorrogar por dos años los contratos que finalicen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, y limita al 2% la subida anual de la renta durante ese periodo.
El Gobierno busca evitar incrementos abruptos en los precios y proteger a los arrendatarios ante la elevada presión del mercado de alquiler. Sumar sostiene que esta reglamentación afecta a millones y atribuye a los grupos opositores la responsabilidad de dejar sin protección a los inquilinos.
Sumar propone una votación nominal para clarificar posturas
Frente a la previsión de rechazo, Sumar considera solicitar que la votación se realice por llamamiento público, para que cada diputado manifieste abiertamente su posición. La formación señala que el asunto merece que quede registro de quién apoya o se opone a la prórroga.
Por su parte, Podemos da por casi perdida la votación y pide al Gobierno que tenga listo un “plan B” para retomar la medida si el Congreso la rechaza, buscando alternativas que garanticen la protección de los inquilinos afectados.
Sánchez sostiene la necesidad de intervenir en el mercado de la vivienda
De forma paralela a la votación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la intervención en un mercado de vivienda que, según ha comentado, no funciona adecuadamente. En su participación en el Foro de la Innovación Urbana, resaltó que muchas familias destinan una gran proporción de sus ingresos al pago del alquiler y mencionó como ejemplo las zonas reguladas en la Ley de Vivienda.
Sánchez afirmó que en las áreas donde se implementan medidas de contención, como Barcelona, los precios comienzan a estabilizarse, mientras que en zonas sin regulación el problema tiende a agravarse.
Consecuencias si el Congreso no aprueba el decreto
En caso de que el decreto no sea convalidado, perderá vigencia y las medidas establecidas quedarán sin efecto. Esto impactaría especialmente a los contratos próximos a vencer en el marco temporal contemplado, que dejarían de contar con la posibilidad de una prórroga extraordinaria de dos años.
La caída de este decreto constituiría un nuevo revés parlamentario para el Ejecutivo en materia de vivienda, evidenciando nuevamente la dificultad para conseguir el apoyo completo de la mayoría de investidura para una medida social relevante.
Una votación decisiva para la política de vivienda
La votación del decreto de prórroga en materia de alquiler se ha convertido en un desafío para el Gobierno, para Sumar y para los partidos que condicionan la mayoría legislativa. Con el rechazo de Junts, PP y Vox y la abstención del PNV, la aprobación parece prácticamente descartada, salvo un cambio inesperado de última hora.
Este debate vuelve a colocar la vivienda en el centro del discurso político, con posiciones contrapuestas: quienes apuestan por una intervención temporal del mercado para amparar a los inquilinos y quienes reclaman soluciones estructurales, mayor claridad jurídica y también ayudas para los propietarios.
