El paquete reciente de medidas urgentes en vivienda —conocido popularmente como el «decreto Maricarmen» (Real Decreto-ley 29/2026)— ha provocado impactos significativos en el mercado del alquiler. Según una encuesta de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) a más de 600 agencias en ciudades principales y capitales provinciales, el 88,9 % de las inmobiliarias ha reportado efectos negativos directos en sus carteras tras la normativa.
La inseguridad jurídica junto con las nuevas restricciones para actualizar rentas y prórrogas han desencadenado una respuesta en cadena entre pequeños propietarios, reflejada en una histórica disminución de la oferta para alquiler residencial habitual.
Efectos principales identificados por las inmobiliarias
Los datos iniciales proporcionados por FAI muestran un impacto directo sobre miles de operaciones y viviendas a nivel nacional:
- Desaparición de oferta: El 78,1 % de agencias inmobiliarias registra la retirada de inmuebles destinados al alquiler residencial convencional, con un promedio de 3,78 viviendas retiradas por agencia.
- Detención en la firma de contratos: El 72,4 % de profesionales señala una paralización generalizada en la celebración de contratos, con una media de 2,75 operaciones interrumpidas.
- Traslado al mercado de compraventa: Frente a la incertidumbre legal en alquiler, el 56,6 % de inmobiliarias confirma el cambio de propiedades hacia la venta, promediando 2,26 inmuebles por oficina.
- Alternativas de alquiler (temporal y por habitaciones): El 38,9 % de agencias observa un redireccionamiento hacia ofertas de alquiler temporal o por habitaciones para evitar las restricciones del decreto, con un promedio de 1,76 inmuebles afectados.
Resumen numérico provisional
En los primeros días desde la entrada en vigor del decreto, la FAI registra un total de 5.758 operaciones impactadas directamente:
| Tipo de afectación | Volumen de inmuebles / operaciones |
| Viviendas retiradas del mercado habitual | 2.067 inmuebles |
| Inmuebles canalizados a compraventa | 1.224 propiedades |
| Viviendas destinadas a alquiler temporal o por habitaciones | 944 inmuebles |
| Firmas de contratos paralizadas | 1.523 operaciones |
| Total de impacto directo contabilizado | 5.758 inmuebles y operaciones |
Un escenario marcado por la incertidumbre creciente
Recientemente aprobado por el Congreso de los Diputados, el decreto contempla medidas relevantes como la limitación excepcional para subir las rentas, mayor protección contra desahucios para colectivos vulnerables hasta final de la década y restricciones para que grandes tenedores compren inmuebles.
Mientras que desde el ámbito político se presenta la norma como una herramienta social que busca contener precios, desde el sector inmobiliario se alerta que estas restricciones agravan el desequilibrio del mercado, reduciendo la oferta y contribuyendo a que el acceso a la vivienda sea aún más complicado, con más conflictos y tensión.


