La situación migratoria que experimenta Ceuta en las últimas semanas ha impactado directamente en una de sus zonas con mayor vulnerabilidad: el barrio de El Príncipe. Según declaraciones de seis habitantes con relación al narcotráfico obtenidas por El Mundo, el constante ingreso de personas ha modificado el precario y conflictivo equilibrio que rige las normas internas de la comunidad.
El aumento significativo de migrantes ha reactivado el comercio local de drogas ilegales —con especial énfasis en la cocaína— en áreas periféricas con escasa vigilancia policial. Sin embargo, los delincuentes locales evitan integrar a los recién llegados en sus circuitos por desconfianza, reduciendo la interacción a la simple compra y venta de sustancias.
Una estructura paralela frente a la delincuencia externa
Los relatos de quienes fueron entrevistados muestran una contradicción fundamental: personas que se benefician del narcotráfico solicitan mayor intervención estatal para controlar el «desorden migratorio», mientras que ejercen una vigilancia irregular para imponer una «ley del barrio» propia.
Las medidas que aseguran implementar comprenden:
- Acciones de protección comunitaria: Patrullas vecinales destinadas a prevenir agresiones contra mujeres en campamentos improvisados y a facilitar el traslado de víctimas a centros hospitalarios.
- Justicia por cuenta propia: Sanciones físicas directas hacia quienes transgreden las normas internas, sin intervención de las fuerzas de seguridad ni del sistema judicial.
- Evitación de integración en las redes: Exclusión explícita de los migrantes de la estructura del tráfico de drogas debido al temor a robos o a posibles denuncias.
Aislamiento prolongado y tensión social
Los seis entrevistados —originarios de Ceuta, españoles y musulmanes— justifican su relación con el crimen señalando el abandono prolongado de las instituciones y la estigmatización que padecen por residir en El Príncipe. Aunque se dedican a la economía informal como pequeños distribuidores o vendedores, manifiestan preocupación por el aumento de episodios violentos y amenazas que ponen en riesgo el control que históricamente han mantenido en la localidad.
