Madrid — El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la propuesta de Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial (IA). Esta norma adapta definitivamente el marco legal español al Reglamento Europeo de IA y busca asegurar un uso «ético, inclusivo y beneficioso» de estas tecnologías, estableciendo además una clara diferenciación entre contenidos reales y generados de forma artificial.
El texto llega un año después de la presentación del primer anteproyecto, tras un proceso de consulta pública y evaluaciones por parte de organismos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Actualmente, comienza su paso por el trámite parlamentario en las Cortes.
Un sistema sancionador que contempla multas de hasta 35 millones de euros
La ley establece un sistema riguroso de sanciones para penalizar usos ilícitos o fraudulentos de la IA. Las multas se clasifican según la gravedad de las infracciones:
- Infracciones leves: Multas a partir de 6.000 euros.
- Infracciones muy graves: Sanciones que pueden llegar hasta los 35 millones de euros o un porcentaje equivalente de la facturación global de la compañía, en casos como la venta de sistemas de IA expresamente prohibidos.
Prácticas vedadas por la nueva regulación
Siguiendo las directrices europeas, la legislación española prohíbe herramientas que vulneren los derechos fundamentales. Entre las prácticas vetadas destacan:
- Técnicas subliminales: Aplicaciones que manipulan las decisiones de los usuarios sin su consentimiento.
- Algoritmos depredadores: Chatbots diseñados para identificar vulnerabilidades en personas como ludópatas para inducirlas a participar en plataformas de juego online.
- Explotación de brechas sociales: Sistemas que aprovechen características como la edad, discapacidad o condición socioeconómica de individuos.
- ‘Deepfakes’ sexuales: Prohibición específica impulsada desde España sobre la creación y uso de ultrasuplantaciones y desnudos falsos de mujeres y menores mediante asistentes virtuales, una medida surgida tras controversias en la red social X con herramientas como Grok.
Controversia: Exoneración de multas a las administraciones públicas
A pesar de los avances logrados, la norma genera debate. Varios colectivos de usuarios, expertos en derecho digital y asociaciones de internautas han manifestado críticas sobre una cláusula específica.
El texto legal excluye a las administraciones públicas del pago de sanciones económicas. Si una entidad estatal, autonómica o local emplea la inteligencia artificial de manera inadecuada o prohibida, la única medida contemplada es un ‘apercibimiento’, sin multas financieras.
