El Consejo de Ministros ha autorizado hoy, en su segunda sesión, un proyecto de ley que pretende reformar el sistema educativo en España. Presentada por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, esta normativa busca rebajar la cantidad de estudiantes por aula y disminuir las horas lectivas del profesorado, consolidando el compromiso de situar a los docentes en el centro de esta legislatura.
Aspectos destacados de la normativa: Menor ratio y atención individualizada
La ley establece un nuevo marco para las ratios escolares y las horas de docencia efectiva con la finalidad de asegurar una educación más personalizada y equitativa en todo el país.
1. Disminución de ratios (Alumnos por aula)
La implementación será gradual para facilitar la adaptación de los centros, finalizando en el curso 2031-2032:
- Primaria: La ratio máxima se reducirá de 25 a 22 estudiantes. (Comienza en 2027-2028).
- Secundaria: La cifra máxima descenderá de 30 a 25 alumnos. (Inicio en 2028-2029).
- Bachillerato: Su aplicación está prevista para el curso 2029-2030.
2. Jornada lectiva de los docentes
Se establece un límite legal máximo de horas lectivas para uniformar las condiciones en todas las comunidades autónomas:
- Infantil, Primaria y Educación Especial: Hasta un máximo de 23 horas semanales.
- Secundaria y Bachillerato: Tope de 18 horas semanales.
Atención prioritaria: El alumnado con necesidades educativas especiales (NEEs) será considerado como doble plaza en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Esta medida entrará en vigor en el curso 2026-2027.
Cronograma y retos parlamentarios
A pesar del optimismo del Ejecutivo, la normativa enfrenta un proceso complicado. Aunque está previsto que los cambios en la jornada lectiva y el recuento de las NEEs comiencen el próximo curso, la tramitación parlamentaria en el Congreso y Senado podría retrasar su implementación. El periodo ordinario de sesiones finaliza en junio, lo que limita el margen para presentar enmiendas.
Además, varias comunidades autónomas gobernadas por el PP han expresado la necesidad de disponer de más tiempo y recursos para poner en marcha estas medidas, dada la carga presupuestaria que implica la contratación de personal adicional.
Un acuerdo con ciertas reservas
La ministra Tolón destacó que la ley cuenta con el apoyo unánime del Consejo Escolar del Estado y el consenso de los sindicatos. No obstante, miembros de la comunidad educativa continúan solicitando que la «doble plaza» también se aplique a perfiles con vulnerabilidad social y que la reducción de jornada incluya a la enseñanza concertada.
Para abordar estas desigualdades, el proyecto contempla la creación de un índice de vulnerabilidad socioeconómica, que permitirá identificar y asignar recursos adicionales a los centros situados en zonas con especiales dificultades.
