MADRID – Este martes, el Consejo de Ministros ha validado el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), promovido por el Ministerio de Sanidad. Su principal finalidad es establecer la gestión directa como la forma preferente para prestar servicios sanitarios, poniendo fin a años de expansión de modelos gestionados por entidades privadas en hospitales y centros públicos.
Esta norma marca un cambio importante en el marco jurídico español al derogar la Ley 15/1997, que fue aprobada durante la administración de José María Aznar y que permitió la incorporación de empresas privadas en la gestión pública de la salud, dando lugar a modelos como Ribera Salud o el Grupo Quirón en varias comunidades autónomas.
Principales puntos de la nueva ley:
- Predominio de la gestión pública: La gestión directa, realizada por la administración pública o entidades del sector público, pasa a ser la regla general. Cualquier otra modalidad será considerada excepcional.
- Restricción significativa de la gestión indirecta: Para que una administración recurra a la gestión privada, debe justificar mediante informes técnicos la imposibilidad de prestación directa, y además demostrar que la gestión privada es más eficiente, financieramente viable y garantiza igual calidad y acceso que la pública.
- Eliminación de los modelos de colaboración público-privada (PFI): La ley prohíbe contratos en los que una empresa privada se encargue tanto de la construcción como de la gestión de un hospital, una modalidad que ha sido cuestionada por sus elevados costes a largo plazo.
- Facilita la recuperación de servicios: Se incluyen mecanismos de asesoramiento y soporte técnico para las comunidades autónomas que opten por reasumir la gestión pública de centros actualmente gestionados privadamente, garantizando una transición estable.
- Mayor transparencia y supervisión: Se establecerán comités evaluadores y se reforzará la función de la Alta Inspección del Estado para asegurar que los servicios gestionados por entidades privadas cumplan con los estándares de calidad y eviten costes adicionales para el sector público.
Razones fundamentadas en la eficiencia
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Sanidad, Mónica García, señaló que esta ley está respaldada por evidencias científicas y económicas. Según los datos del Gobierno, los sistemas gestionados directamente obtienen mejores resultados en indicadores clave, como tasas de mortalidad por infarto o ictus, y presentan mayor capacidad para retener al personal frente a los modelos privatizados.
La ministra afirmó que “la sanidad es un derecho de la ciudadanía y no un negocio para fondos de inversión”, y destacó que el propósito es proteger el sistema ante posibles procesos de fragmentación y falta de transparencia.
Siguientes etapas
Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el proyecto será enviado a las Cortes Generales para su trámite parlamentario. Se prevé que cuente con respaldo del bloque de la investidura, aunque se anticipa un debate político intenso, especialmente con gobiernos autonómicos que han adoptado el modelo de colaboración público-privada como distintivo en la gestión sanitaria.
