La inversión tiene como objetivo dar a conocer el conjunto de medidas orientadas a la transparencia y al control en los medios de comunicación, promovidas por el presidente Pedro Sánchez, en un marco de creciente tensión entre el Ejecutivo y el sector periodístico.
MADRID – El Ejecutivo español ha avanzado en la ejecución de su estrategia para poner en marcha el plan de regeneración democrática. Según informó este lunes El Confidencial, se ha aprobado una partida de 11 millones de euros destinada exclusivamente a campañas publicitarias para promover este proyecto, que pretende, entre otros fines, regular la transparencia y la financiación de los medios.
Una inversión bajo escrutinio
Este gasto, que forma parte de los fondos asignados a publicidad institucional, persigue informar a la ciudadanía sobre las ventajas de las reformas planteadas por el presidente Sánchez. Las iniciativas incluyen una mayor supervisión de los recursos públicos que reciben diarios y plataformas digitales, así como mecanismos para garantizar la veracidad de la información y combatir a los llamados «pseudomedios».
No obstante, el monto asignado ha generado críticas inmediatas. Miembros de la oposición y asociaciones periodísticas cuestionan el uso de tal cantidad de dinero público para promocionar una reforma que impacta directamente en la libertad de prensa y que algunos consideran un intento de influir en la narrativa mediática.
Pilares del plan de Sánchez
Este plan, presentado tras un período de reflexión de cinco días que tuvo lugar en abril pasado, aborda varios aspectos fundamentales:
- Transparencia en la propiedad: Los medios deberán hacer pública la estructura de sus accionistas.
- Control de la publicidad institucional: Se establecerá una normativa para evitar que recursos públicos financien medios sin audiencia real o con fines partidistas.
- Reformas legislativas: Cambios en las leyes relativas al derecho al honor y a la rectificación.
Reacciones políticas
Desde Moncloa defienden que la campaña es «necesaria» para que los ciudadanos conozcan sus derechos frente a la desinformación y los «bulos». Según el Ejecutivo, España está adaptando directivas europeas de libertad de medios diseñadas para proteger la democracia frente a influencias externas y noticias falsas.
En contraste, Partido Popular y Vox califican este gasto como «propaganda pura» y critican que Sánchez emplea fondos públicos para imponer restricciones a los medios críticos con su gobierno.
Además, este presupuesto de 11 millones se suma a un récord en la publicidad institucional para 2026, consolidando al Estado como el mayor anunciante del país, situación que, según expertos, otorga al Gobierno una capacidad de influencia indirecta sobre la viabilidad económica de numerosos medios.
