MADRID — El Ejecutivo ha confiado a la empresa de seguridad e infraestructuras responsable de los controvertidos dispositivos telemáticos para el control de agresores —cuya fiabilidad fue cuestionada tras detectarse fallos significativos en la migración de datos— la responsabilidad de la seguridad del Ejército de Tierra en misiones internacionales y puntos estratégicos como el Líbano, Irak y Letonia, además de en territorio nacional.
La adjudicación, realizada mediante licitación abierta, se ha formalizado por un valor de varios cientos de miles de euros, sin que el Gobierno haya considerado problemáticos los antecedentes y problemas surgidos en la fase previa con los dispositivos destinados a proteger a las víctimas de violencia de género.
Reacciones a la adjudicación y trayectoria de los contratos
Esta decisión vuelve a centrar la atención en las políticas de contratación pública, coincidiendo con la reciente actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas, por solicitud de la Fiscalía Europea, para investigar posibles irregularidades y deficiencias en estos contratos.
Mientras los partidos de la oposición critican al Gobierno por continuar apoyando a las mismas compañías adjudicatarias pese a los informes del Tribunal de Cuentas que señalaban importantes deficiencias técnicas y fallos de cobertura en sus sistemas, la empresa asume ahora la vigilancia y el apoyo en materia de seguridad para las fuerzas españolas desplegadas en el extranjero.
