El Gobierno de España asegura que la movilización extraordinaria de recursos en Ceuta ha permitido el retorno a Marruecos de más de 12.700 personas desde el pasado 10 de agosto, además del desalojo de los principales asentamientos irregulares y la habilitación de más de 7.400 plazas para albergar a los migrantes adultos que permanecen en la ciudad.
Así lo recoge la resolución remitida por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, en respuesta al requerimiento presentado el pasado mes de septiembre, en el que denunciaba una supuesta inactividad de la Administración General del Estado (AGE) tras la crisis migratoria de los días 30 y 31 de julio.
El Gobierno rechaza la acusación de inactividad
La resolución ministerial desestima el requerimiento al considerar que las actuaciones reclamadas por la Ciudad Autónoma «ya se encuentran iniciadas y en curso» y subraya que la respuesta desplegada por el Estado ha permitido reducir «drásticamente la presión inicial» y mantener el orden público en Ceuta.
Además, recuerda que la declaración de Situación de Interés para la Seguridad Nacional en Ceuta supuso la creación de una estructura reforzada de coordinación entre administraciones para afrontar la crisis migratoria, lo que, según el Ejecutivo, demuestra que no ha existido la inactividad denunciada por el Gobierno ceutí.
Más de 12.700 retornos y desalojo de los grandes asentamientos
Entre las actuaciones destacadas por el Ejecutivo figura el retorno de más de 12.700 ciudadanos marroquíes desde el 10 de agosto.
Asimismo, el Ministerio señala que la mayoría de los migrantes adultos que permanecen en Ceuta se encuentran actualmente alojados en recursos habilitados por la Administración General del Estado.
La resolución añade que los grandes asentamientos del Trampolín, Benítez y Guano han sido completamente desalojados y que continúan los trabajos para eliminar otros asentamientos dispersos en distintas zonas de la ciudad.
Espacios habilitados y refuerzo de medios
El documento también explica que desde comienzos de agosto la Administración General del Estado propuso habilitar espacios específicos consensuados con la Ciudad Autónoma para gestionar la acogida de migrantes.
Entre ellos figuraban las parcelas del puerto, cuya puesta en funcionamiento sufrió retrasos debido a dificultades planteadas posteriormente por la Autoridad Portuaria.
Actualmente, según el Ministerio, existen más de 7.400 plazas disponibles y esta reorganización ha permitido agilizar los retornos y mejorar la gestión de la emergencia.
Además, el Gobierno destaca el incremento de efectivos de seguridad, la mejora de los sistemas de identificación y triaje y la agilización de los procedimientos administrativos.
El Ejecutivo recuerda que las expulsiones deben respetar la ley
La resolución responde también a la petición formulada por el Gobierno de Ceuta para que todos los expedientes de devolución, expulsión, retorno o protección internacional se resolvieran en el plazo máximo de un mes.
El Ministerio rechaza esta posibilidad al recordar que cada procedimiento requiere una valoración individual y debe ajustarse a los plazos y garantías establecidos por la legislación española y europea.
Según el Ejecutivo, no es posible imponer un plazo general que sustituya al previsto por la normativa vigente.
88 millones para la atención de menores
En relación con los menores extranjeros no acompañados, el Gobierno recuerda que esta competencia corresponde a la Ciudad Autónoma y precisa que ninguno de ellos ha podido ser reagrupado hasta la fecha con Marruecos.
No obstante, la resolución destaca el apoyo económico prestado por el Estado, cifrado en 88 millones de euros.
De esa cantidad, 25 millones fueron aprobados en la Conferencia Sectorial de Infancia del pasado 27 de agosto para financiar la acogida de menores durante 2026.
A ello se suman 63 millones de euros incluidos en el Real Decreto-ley de Medidas Urgentes de Carácter Social y Económico aprobado el 1 de septiembre, entre los que se incorporan 2 millones destinados a la contratación de representantes legales de los menores, figura exigida por la nueva normativa europea.
