Las incertidumbres acerca de la compatibilidad con la tutela judicial efectiva y el principio de no devolución detienen el proyecto presentado por Ángel Víctor Torres, señalado por ONG como CEAR.
MADRID.— El Ejecutivo central ha optado por aplazar la aprobación del decreto marco pensado para acelerar las expulsiones y reorganizar el proceso de asilo en Ceuta tras la última crisis migratoria. El documento, que estaba programado para ser llevado este martes al Consejo de Ministros, ha sido retenido para un estudio jurídico más detallado junto a la Abogacía del Estado, ante las serias dudas sobre su conformidad constitucional e internacional.
El ministro encargado del mando único en Ceuta, Ángel Víctor Torres, señaló tras la reunión del Gobierno que el proyecto no contaba con el «visto bueno definitivo». Torres explicó el retraso destacando la complejidad del tema: «No es sencillo, estamos tratando asuntos relacionados con derechos fundamentales, de protección y derechos internacionales», y añadió que no se descarta la posibilidad de introducir reformas legislativas más profundas.
Principales puntos de la controversia jurídica
El proyecto de decreto incorpora modificaciones significativas enfocadas a acelerar las devoluciones y aliviar la sobrecarga administrativa en la ciudad autónoma, entre las que se incluyen:
- Plazo máximo de siete días: No admisión de las solicitudes de protección internacional presentadas pasados siete días hábiles desde la notificación de una orden de devolución, sanción de expulsión o denegación de ingreso.
- Limitaciones en recursos y permanencia: Disminución de los plazos para apelar las resoluciones adversas y supresión del derecho de estancia en España para quienes se consideren un riesgo para la seguridad nacional o el orden público, o que efectúen peticiones reiteradas para evitar su expulsión.
- Agilización administrativa: Eliminación de la revisión previa de casos por la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) —con participación de ACNUR—, transfiriendo directamente la competencia a la Dirección General de Protección Internacional.
- Efecto retroactivo: Aplicación del nuevo marco normativo a las solicitudes realizadas en Ceuta desde el 30 de julio de 2026 que continúen pendientes de resolución.
Rechazo marcado por parte de organizaciones humanitarias
Estas iniciativas han provocado críticas por parte de ONG especializadas en la defensa de los derechos humanos. Organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Movimiento por la Paz y el Servicio Jesuita a Migrantes han pedido al Gobierno la retirada o reformulación del decreto.
El director general de CEAR, Mauricio Valiente, calificó el borrador como un «régimen excepcional en el derecho de asilo por motivos de lugar y tiempo», criticando que la prioridad del Ejecutivo esté en agilizar las expulsiones en vez de fortalecer la respuesta humanitaria y facilitar la derivación de solicitantes a la Península mediante el sistema habitual de protección.
Por ahora, la norma sigue paralizada y sujeta a posibles modificaciones entre departamentos antes de que el Consejo de Ministros reconsidere su tramitación.
