El Hospital Universitario de Ceuta ha remitido al juzgado que investiga la crisis migratoria de los pasados 30 y 31 de julio una veintena de partes de lesiones correspondientes a inmigrantes que aseguran haber sufrido agresiones durante el operativo desplegado por las Fuerzas Armadas tras la entrada masiva en la ciudad.
La documentación médica ha sido incorporada a la causa que instruye la Audiencia Nacional, en la que se investigan las actuaciones desarrolladas durante la gestión de la emergencia migratoria y las posibles responsabilidades derivadas de aquellos hechos. Los partes recogen lesiones de diversa consideración y forman parte de las diligencias abiertas para esclarecer lo ocurrido. (elpais.com)
Los inmigrantes atribuyen las lesiones a militares
Según la información remitida al juzgado, varios de los inmigrantes atendidos en el Hospital Universitario manifestaron que las lesiones fueron ocasionadas durante las actuaciones llevadas a cabo por militares desplegados en apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tras la crisis migratoria.
No obstante, la existencia de estos partes médicos no implica que se haya acreditado la autoría de las lesiones, una cuestión que deberá determinar la investigación judicial mediante la práctica de pruebas y la toma de declaraciones a las personas implicadas. (elpais.com)
Defensa mantiene abierta una investigación
El Ministerio de Defensa mantiene abierta una investigación interna para esclarecer las actuaciones desarrolladas por los militares desplegados en Ceuta durante aquellos días, después de que surgieran denuncias sobre posibles malos tratos.
El Ejército participó en el dispositivo de apoyo a la Policía Nacional y la Guardia Civil para reforzar la seguridad de la ciudad tras la entrada masiva de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos.
La Audiencia Nacional continúa recopilando pruebas
La remisión de los informes médicos se suma al resto de documentación que ya obra en poder de la Audiencia Nacional, entre la que figuran informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), atestados de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y diversa documentación oficial relacionada con la gestión de la crisis migratoria.
La magistrada instructora continúa practicando diligencias con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se desarrolló el operativo y determinar si existió algún tipo de actuación constitutiva de responsabilidad penal.
