El magistrado Santiago Pedraz examina si la dirección del partido utilizó fondos para financiar una trama creada para interferir en procedimientos judiciales que afectaban al Gobierno.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado a declarar como investigados para el próximo 9 de septiembre a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y al abogado Ismael Oliver (vinculado a la formación política y exdefensor de Koldo García).
La convocatoria forma parte del conocido ‘caso Leire’, una investigación penal que analiza la posible existencia de una red diseñada para influir y alterar varios procesos judiciales que podrían perjudicar al PSOE o al Gobierno central.
El PSOE como supuesto origen de los recursos de la red
De acuerdo con los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentes en el expediente, hay indicios relevantes que apuntan a que la financiación de este grupo delictivo provenía de los fondos del partido:
- Financiación centralizada: Los investigadores consideran que los recursos para cubrir gastos logísticos, personal y costos habituales del grupo —liderado presuntamente por el exdirigente socialista Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez— surgían «de una única fuente: el PSOE».
- Empleo de empresas pantalla: La UCO sospecha la utilización de una red de sociedades ficticias y facturación simulada para ocultar el origen de los fondos.
Las sospechas relacionadas con los nuevos investigados
La providencia del juez Pedraz describe la posible participación tanto del abogado como de la gerente financiera del partido dentro del sistema de pagos:
Ismael Oliver (Abogado y administrador de Oliver Gruppe): El magistrado sospecha que habría funcionado como un «canal» financiero de esta red. En particular, se investiga una transferencia de 27.225 euros que Leire Díez habría recibido de manera irregular a través de una sociedad vinculada a este abogado.
Ana María Fuentes (Gerente del PSOE): Está siendo investigada por posible complicidad o coautoría en un delito de falsedad en documentos mercantiles. El juez le atribuye haber emitido «documentos falsos» para encubrir y justificar los pagos realizados por el PSOE a los abogados implicados en la causa, entre ellos Oliver y Jacobo Teijelo.
