Madrid — La indagación sobre el rescate financiero de Plus Ultra ha tomado un rumbo inesperado relacionado con la seguridad nacional y la diplomacia de alto nivel. El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, analiza si la supuesta red vinculada al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero pudo influir en decisiones estatales estratégicas, como la liberación de presos políticos en Venezuela o la participación de agentes del Cuerpo Nacional de Inteligencia (CNI) en la evacuación del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia en septiembre de 2024.
Esta línea de investigación está reflejada en las diligencias del juez desde que asumió el caso a comienzos de marzo, tras apartarse el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Anteriormente, ese juzgado había ordenado la detención del expresidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y del empresario Julio Martínez Martínez, identificado por los investigadores como el presunto «testaferro» de Zapatero.
El hallazgo fundamental: Notas en una agenda corporativa
El origen de esta rama de investigación surge en las inspecciones policiales realizadas a la organización. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) decomisó una libreta negra con el logo oficial de ‘Plus Ultra, Líneas Aéreas’, llena de anotaciones manuscritas.
Según el juez Calama, el contenido de dicho cuaderno supera el ámbito de negocios privados y:
«Sugiere una posible intervención en decisiones públicas de carácter estratégico».
Entre las notas más relevantes se encuentran menciones explícitas a la liberación de personas en Venezuela y a instrucciones operativas fechadas en simultaneidad con la evacuación del opositor venezolano hacia España.
La evacuación de 2024 bajo control judicial
Edmundo González llegó a territorio español el 8 de septiembre de 2024 en un avión oficial de las Fuerzas Aéreas españolas. Su traslado ocurrió tras haberse refugiado durante varios días en la residencia del embajador de España en Caracas, después de las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio.
En aquel momento, el Ministerio de Asuntos Exteriores aseguró que se trató de una operación estrictamente diplomática y humanitaria, basada en una solicitud del propio González, a quien el Gobierno venezolano concedió un salvoconducto para volar a Madrid, donde permanece bajo asilo político.
No obstante, las agendas incautadas plantean una nueva hipótesis judicial: que la dirección de Plus Ultra, junto a intermediarios del entorno de Zapatero, habrían utilizado canales paralelos con el régimen de Nicolás Maduro para coordinar la operación y solicitar la intervención de los servicios secretos del CNI en Venezuela.
