Agentes de la UDEF registran la oficina de Ferraz 35 reservada para el uso exclusivo de los expresidentes del Gobierno.
MADRID.– Este martes, agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) realizaron un registro en el despacho que utilizaba el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La oficina, situada en la primera planta del número 35 de la calle Ferraz, en Madrid, justo frente a la sede central del PSOE, es de propiedad del partido socialista. Fuentes internas han confirmado que este inmueble está destinado al uso exclusivo de los exjefes de Ejecutivo vinculados a la formación.
A pesar de su carácter institucional, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, encargado de la investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra, ha señalado esta oficina como el punto central de la presunta red. En un detallado auto de 85 páginas, el magistrado describe ese despacho del PSOE como el verdadero «centro de coordinación de la red» implicada en posibles actos de corrupción.
El núcleo de la actividad según la Audiencia Nacional
La resolución judicial difundida el martes indica que, según el instructor, desde ese despacho en Ferraz 35:
- Se daban instrucciones directas a las personas implicadas.
- Se desarrollaban documentos esenciales para la trama.
- Se manejaban comunicaciones sensibles.
- Se coordinaban de manera integral las operaciones financieras y societarias bajo investigación.
El PSOE no contempla sanciones inmediatas
En relación con la situación interna del expresidente, quien está imputado por un presunto delito de tráfico de influencias, la dirección del partido mantiene prudencia. Desde la cúpula socialista señalan que, conforme a los estatutos internos, la suspensión de la militancia no es automática tras una imputación, sino que solo se impone si se abre formalmente juicio oral.
«La evolución del caso se irá evaluando», comentan fuentes de Ferraz ante las consultas sobre los próximos pasos.
Por ahora, el PSOE descarta iniciar un expediente informativo contra Zapatero. Esta postura marca una distancia respecto al procedimiento seguido con el exministro José Luis Ábalos, quien tuvo que renunciar a su escaño tras la detención de su asesor Koldo García, pese a que no había una acusación penal directa contra él en ese momento.
