El juez ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que se inhiba en la investigación sobre los mismos hechos, ahora tipificados como delitos contra las instituciones del Estado. Por su parte, el exmagistrado García Castellón ha pedido personarse en el proceso tras conocerse seguimientos y posibles ofertas económicas en su contra.
MADRID, 3 de junio de 2026 — Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha solicitado formalmente al juez Arturo Zamarriego del tribunal de instancia número 9 de Madrid que le ceda la competencia investigadora de la causa penal abierta hace un año contra la exmilitante del PSOE Leire Díez. La investigación gira en torno a una supuesta red de maniobras y acoso dirigidas a magistrados, fiscales y altos mandos de la Guardia Civil.
Fuentes judiciales han confirmado que Pedraz fundamenta esta petición en que la Audiencia Nacional es el órgano competente para instruir estos hechos. La causa, inicialmente centrada en presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias por los que se abrió diligencias en verano de 2025 contra Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, ha incorporado recientemente la tipificación de delitos contra las instituciones del Estado, un ámbito de jurisdicción preferente para la Audiencia Nacional.
Ampliación de la investigación y vínculo con Ferraz
La solicitud de inhibición se produce tras un auto de Pedraz que amplió considerablemente el alcance de la investigación. En esa resolución, el juez incluyó como investigados a siete personas relevantes en la política, entre ellas Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE; el exconsejero andaluz Gaspar Zarrías; y la gestora del PSOE Ana María Fuentes.
Estos nuevos imputados se suman a los investigados originales, como Leire Díez, Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y el empresario Antxon Alonso. La instrucción apunta a la existencia de una red organizada que buscaría anular y bloquear procedimientos judiciales que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez y su círculo familiar más próximo.
La semana pasada, Pedraz autorizó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a acceder a la sede del PSOE en la calle Ferraz. La finalidad fue obtener documentación que pudiera respaldar la existencia de presuntos pagos a Leire Díez a cambio de supuestas interferencias en procesos judiciales.
Los posibles delitos atribuidos abarcan organización criminal, cohecho múltiple, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad documental mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delitos contra las instituciones del Estado, entre otros.
García Castellón se incorpora como perjudicado directo
El caso ha tenido repercusión inmediata en el ámbito judicial. Manuel García Castellón, magistrado jubilado de la Audiencia Nacional, ha presentado un escrito ante el juzgado de Pedraz para personarse en la causa como perjudicado y ejercer la acusación particular.
En su escrito, García Castellón señala que el auto de Pedraz expone claramente que a la presunta trama criminal se habría sumado, por motivos particulares, Javier Pérez Dolset, empresario investigado en diversas piezas del conocido como ‘caso Villarejo’, que el propio García Castellón investigaba antes de su jubilación.
Según las pruebas recopiladas, Pérez Dolset habría conspirado con otros implicados, como el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, actualmente procesado por la ‘pieza Kitchen’, para obtener «información reservada, secreta o comprometida» con el fin de presionar o chantajear al juez instructor en la Audiencia Nacional.
La petición para personarse también cita el testimonio ante Zamarriego del expresidente del grupo Sacyr, Luis del Rivero. Este declaró que, en una reunión del 7 de mayo de 2025 con Leire Díez y Pérez Dolset, se discutieron posibles ofrecimientos económicos para el juez García Castellón, además de la elaboración de una estrategia conjunta para desacreditar su actividad judicial.
Para el magistrado jubilado, los detalles de aquel encuentro ejemplifican la dinámica descrita en la resolución: el uso de un juez en activo como objeto de vigilancia, obtención de información confidencial y posibles presiones corporativas, todo ello dentro de una estrategia global dirigida a influir en procesos judiciales políticamente sensibles.
