San Fernando de Henares (Madrid) – El jueves 14 de mayo de 2026, la Audiencia Nacional finalizó el juicio contra la familia del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Soley. Después de 38 sesiones y casi medio año de proceso, el tribunal declaró el caso visto para sentencia tras la decisión de los acusados de renunciar a su derecho a la última palabra.
El juicio, centrado en la fortuna que la familia habría ocultado en Andorra, concluye sin la presencia del patriarca en el banquillo. Jordi Pujol Soley, de 95 años, fue excluido del proceso el 27 de abril debido a problemas de salud que le impiden continuar con la vista oral.
Penas solicitadas: El primogénito, el más señalado
La Fiscalía Anticorrupción, representada por Fernando Bermejo, acusa a los implicados de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales y alzamiento de bienes. Las penas propuestas son las siguientes:
- Jordi Pujol Ferrusola (primogénito): 29 años de prisión, la mayor de las solicitadas.
- Mercè Gironés (exesposa del primogénito): 17 años de cárcel.
- Josep Pujol Ferrusola: 14 años de prisión.
- Oriol, Marta, Mireia, Pere y Oleguer Pujol: seis hijos con 8 años de prisión cada uno.
- Empresarios: cinco años de prisión para nueve empresarios acusados de ayudar en el blanqueo mediante contratos y facturas falsas.
Argumentos de la acusación y la defensa
El fiscal sostiene que la familia acumuló una fortuna en Andorra que supera los 38 millones de euros desde 1990. Según la acusación, estos fondos no tienen un origen legal, sino que proceden de comisiones pagadas por empresarios beneficiados con contratos públicos otorgados por la Generalitat.
En cambio, los acusados han pedido su absolución. La defensa ha mantenido durante todo el juicio que no hay pruebas de corrupción y que los fondos acumulados responden al «legado» dejado por el abuelo, Florenci Pujol, argumento central que han defendido durante años.
Finalización del juicio
Con la renuncia a la última palabra, los siete hijos de Jordi Pujol y los demás implicados aguardan ahora la resolución de la Audiencia Nacional. El tribunal deberá decidir si los fondos en Andorra proceden de una herencia familiar o de una red sistemática de corrupción.
