Los localistas alertan de once facturas por servicios de asesoramiento jurídico y laboral prestados entre 2022 y 2025 sin cobertura contractual y advierten de posibles responsabilidades por las irregularidades detectadas.
El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha denunciado un nuevo reconocimiento extrajudicial de deuda por parte del Gobierno del Partido Popular. En esta ocasión, afecta a la sociedad municipal Parque Marítimo del Mediterráneo y asciende a un total de 8.819 euros.
Según ha informado la formación localista, la cantidad corresponde a once facturas por servicios de asesoramiento jurídico y laboral prestados entre los años 2022 y 2025. Sin embargo, los gastos han sido imputados al Presupuesto de 2026.
El MDyC asegura que ha tenido conocimiento de esta situación a través de un informe de Intervención. En él se advierte de que los servicios se prestaron sin cobertura contractual durante determinados periodos. Además, no estaban amparados por una prórroga del contrato ni se habría seguido el correspondiente procedimiento de contratación.
La formación también señala que los expedientes carecen de una justificación suficiente respecto a los precios de mercado. Una circunstancia que, a su juicio, agrava las irregularidades detectadas en la tramitación de estos gastos.
Desde el grupo municipal consideran que la prestación de servicios sin contrato vigente y la imputación de gastos a un ejercicio presupuestario distinto al de su devengo constituyen «irregularidades de fondo». Por ello, advierten de la posible exigencia de responsabilidades.
Críticas al uso de los reconocimientos extrajudiciales de deuda
El MDyC recuerda que no es la primera vez que denuncia lo que considera un «uso abusivo» de los reconocimientos extrajudiciales de deuda por parte del Ejecutivo del Partido Popular.
Los localistas insisten en que este mecanismo no debe convertirse en una fórmula habitual para regularizar gastos derivados de servicios prestados sin los procedimientos administrativos correspondientes.
Asimismo, subrayan que el Parque Marítimo del Mediterráneo es una sociedad mercantil dependiente de la Ciudad Autónoma. Aunque no está sometida a función interventora, sí está sujeta a control financiero permanente y auditoría pública.
La denuncia vuelve a situar en el centro del debate la gestión económica de las sociedades municipales y los mecanismos de fiscalización del gasto público en Ceuta.


