El Ministerio de Transición Ecológica ha procedido a la inhabilitación definitiva de la petrolera Haxx, conocida anteriormente como Hafesa, debido a un fraude fiscal de 154 millones de euros relacionado con el IVA en hidrocarburos. Esta decisión se produce un año después de que la Audiencia Nacional sancionara a la empresa por no ingresar esta cantidad al fisco.
La empresa, bajo la dirección de Alejandro Hamlyn, quien se encuentra actualmente fugado en Dubái, fue identificada por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria como el centro de una de las principales tramas de fraude de IVA en hidrocarburos, detectada en la operación Drake. Esta investigación conjunta inició en 2015 y culminó en 2019 con un golpe significativo contra el fraude del IVA en el sector de carburantes en España.
De Hafesa a Haxx: cambios y gestión
Para mejorar su imagen y distanciarse de los contratiempos legales de su fundador, Hafesa adoptó a finales de 2025 el nombre de Haxx Spaniard Operator Licence. Asimismo, Diego Guardamino fue nombrado consejero delegado y tomó el control como administrador único de todas las compañías del grupo. No obstante, Guardamino renunció a todos sus cargos en abril, menos de un año después de su nombramiento.
La orden que declara la inhabilitación definitiva de Haxx fue publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), firmada por la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y entra en vigor de inmediato. La resolución se fundamenta en tres razones clave: la falta de demostración de solvencia económica por parte de Hafesa, la ausencia de acreditación de su capacidad legal y un incumplimiento comprobado del deber de mantener existencias mínimas.
Consecuencias legales y fiscales
La Fiscalía apuntó a Alejandro Hamlyn como líder de la organización criminal sentenciada por la Audiencia Nacional, solicitando para él una pena de 89 años de prisión. La petrolera no pudo demostrar contar con los recursos propios mínimos de tres millones de euros exigidos por la normativa para mayoristas del sector. Además, no acreditó estar al corriente con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, lo que fue determinante para la inhabilitación.
Esta inhabilitación supone un nuevo paso del Gobierno contra el fraude en el mercado de hidrocarburos, reafirmando su compromiso con la legalidad y transparencia dentro del sector energético.


