La elección de la sede de la final corresponde a la FIFA y debe responder a criterios deportivos, organizativos y técnicos. Politizar la candidatura o amenazar con una retirada si la decisión no satisface los intereses de un país supone desvirtuar el espíritu de un acontecimiento que nació para unir.
Por KARIM PRIM
Hay declaraciones políticas que merecen algo más que una respuesta partidista. La propuesta de Alberto Núñez Feijóo de retirar a España de la organización del Mundial 2030 si la FIFA concede a Marruecos la final es una de ellas.
La semana pasada, el líder del Partido Popular planteó que un futuro Gobierno presidido por él retiraría a España de la organización del campeonato si el encuentro decisivo termina disputándose en territorio marroquí.
Una posición que invita a plantear una pregunta: ¿desde cuándo organizar un acontecimiento deportivo internacional significa tener derecho a imponer dónde debe celebrarse su final?
España, Portugal y Marruecos fueron designados conjuntamente para organizar el Mundial de 2030. Una candidatura que representa mucho más que un calendario de partidos y una distribución de estadios. Es un proyecto internacional que reúne a tres países, dos continentes y diferentes realidades sociales, económicas y culturales.
Pretender convertir esa candidatura en una propiedad nacional, condicionando su continuidad a que España consiga albergar la final, supone introducir una lógica de confrontación en un proyecto que nació precisamente desde la cooperación.
España debe defender sus intereses, pero no necesita amenazar con marcharse para demostrar su importancia.
LA FIFA DECIDE, LOS POLÍTICOS NO DEBEN INTERFERIR
Es perfectamente legítimo que España aspire a albergar la final. Cuenta con infraestructuras, experiencia organizativa, instalaciones deportivas y una trayectoria futbolística que respaldan esa aspiración. Nadie discute que estadios como el Santiago Bernabéu o el Camp Nou sean candidatos de primer nivel.
Pero también hay que reconocer que Marruecos forma parte de la candidatura y tiene exactamente el mismo derecho a defender sus opciones dentro de los compromisos adquiridos por los países organizadores.
La decisión corresponde a la FIFA, que deberá valorar las candidaturas conforme a sus criterios y procedimientos. No corresponde a los partidos políticos españoles, ni a los intereses electorales de ningún dirigente, decidir dónde debe disputarse el encuentro más importante del campeonato.
Y aquí es donde conviene poner el foco: el Mundial 2030 no puede convertirse en un instrumento de confrontación política ni en un argumento para alimentar campañas electorales.
Una competición de esta dimensión exige responsabilidad institucional, prudencia y respeto a las reglas del organismo internacional que tiene la competencia para tomar la decisión.
Se puede defender una candidatura, reclamar transparencia, trabajar diplomáticamente y hacer valer los intereses de España. Lo que no parece razonable es utilizar una posible decisión de la FIFA como amenaza política.
No se puede amenazar a nadie por ejercer legítimamente sus aspiraciones dentro de una candidatura conjunta. Ni a Marruecos, ni a los responsables federativos, ni a las instituciones que participan en la organización.
El fútbol tiene sus propios organismos, sus procedimientos y sus reglas. La política debe respetar ese espacio.
UN MUNDIAL NO ES UNA PARTIDA DE CARTAS
Mientras el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, recuerda la existencia de compromisos adquiridos con la FIFA y con los demás países organizadores, desde el Partido Popular se plantea una posibilidad que introduce incertidumbre en el proyecto.
¿Qué ocurriría con las inversiones, las ciudades seleccionadas, los acuerdos comerciales, los patrocinadores, los trabajadores y los sectores económicos que llevan años preparando el acontecimiento?
¿Quién asumiría las consecuencias de una eventual retirada?
Un Mundial no es una partida de cartas en la que uno recoge sus fichas cuando no consigue lo que quiere.
Detrás de una organización de estas características existen miles de personas, empresas, instituciones y compromisos internacionales que no pueden quedar a merced de una declaración política o de una estrategia electoral.
España tiene todo el derecho a defender que la final se dispute en su territorio, pero ese objetivo debe perseguirse mediante la negociación, el diálogo y el trabajo institucional, no mediante ultimátums.
EL FÚTBOL DEBE ESTAR POR ENCIMA DE LAS DIFERENCIAS
Hay otro elemento que tampoco deberíamos olvidar. La candidatura conjunta tiene una dimensión histórica: conectar Europa y África a través del mayor acontecimiento deportivo del planeta.
España y Marruecos comparten una relación geográfica, económica, social y humana que va mucho más allá de sus diferencias políticas. Precisamente por eso, el Mundial podría representar una oportunidad para reforzar la cooperación, generar oportunidades y proyectar una imagen de entendimiento entre ambas orillas.
No deberíamos desaprovechar esa oportunidad convirtiendo una competición deportiva en una prolongación de las diferencias políticas o diplomáticas que puedan existir entre ambos países.
Las discrepancias entre gobiernos deben abordarse por los cauces diplomáticos correspondientes. Las cuestiones deportivas deben resolverse en los organismos deportivos competentes.
Mezclar ambos ámbitos no beneficia al fútbol, ni a los aficionados, ni a los propios países organizadores.
La final del Mundial no es un trofeo que España tenga que arrebatarle a Marruecos, ni Marruecos tiene que arrebatárselo a España.
Es una decisión que debe adoptarse conforme a criterios objetivos y a las normas establecidas por la FIFA.
Si finalmente decide que la final se dispute en España, será una magnífica noticia para nuestro país. Si la decisión recae en Marruecos, habrá que respetar las reglas de una organización internacional a la que ambos países han decidido someterse.
Eso es precisamente lo que significa aceptar una candidatura conjunta: competir, negociar, defender los propios intereses y asumir que no todas las decisiones tienen por qué satisfacer a todas las partes.
EL LIDERAZGO SE DEMUESTRA CON DIÁLOGO, NO CON AMENAZAS
Feijóo puede defender que España merece albergar la final. Puede exigir al Gobierno que trabaje para conseguirlo y reclamar transparencia sobre las negociaciones con la FIFA. Es parte legítima del debate político.
Pero introducir la amenaza de una retirada en un proyecto internacional de semejante dimensión es una irresponsabilidad que puede generar incertidumbre y perjudicar la imagen de España ante sus socios.
Y, sobre todo, no deberíamos permitir que el Mundial 2030 entre en el calendario electoral como un arma arrojadiza entre partidos.
Hay asuntos que merecen estar por encima de la lucha política. El deporte internacional es uno de ellos.
España no es únicamente Madrid, ni el Mundial es únicamente su final. También son las ciudades anfitrionas, sus ciudadanos, sus empresas, sus trabajadores y los millones de aficionados que esperan disfrutar de una competición histórica.
El verdadero liderazgo internacional no consiste en amenazar con abandonar una mesa cuando las decisiones no salen como uno espera. Consiste en negociar, defender los intereses propios, respetar los compromisos y entender que los grandes proyectos internacionales necesitan socios, no subordinados.
El Mundial 2030 debe ser un acontecimiento para unir a España, Portugal y Marruecos, no una herramienta para dividirlos.
Que decida la FIFA. Que hablen los criterios deportivos y organizativos. Que las instituciones cumplan sus compromisos y que los políticos dejen de utilizar el fútbol como munición electoral.
Porque cuando el deporte se convierte en rehén de la política, todos terminamos perdiendo.
